Un total de 31 universidades españolas –entre ellas, las de Castilla-La Mancha– han sido seleccionadas para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro del autismo, durante el curso académico 2022/23, en el marco de la sexta convocatoria de ayudas de Fundación ONCE, cuya resolución definitiva acaba de hacerse pública.

La iniciativa, que se lleva a cabo por sexto año consecutivo, cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo (FSE), a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y está dirigida a todas las universidades españolas y centros adscritos, según ha informado la fundación.



En concreto, las universidades seleccionadas han sido las madrileñas de Alcalá de Henares, Camilo José Cela, CEU San Pablo, Complutense, Politécnica, Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos; las andaluzas de Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Málaga, Sevilla, Huelva y Pablo de Olavide; las valencianas de Alicante, Miguel Hernández y Jaume I; las catalanas de Barcelona, Pompeu Fabra, Ramón Llull y Rovira i Virgili; las gallegas de A Coruña y Vigo; además de las de Castilla-La Mancha, Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Extremadura. También impartirán cursos la Universidad de Murcia y las castellanoleonesas de Salamanca, Valladolid y Burgos.

Todas ellas deberán ofrecer cursos que proporcionen al alumnado formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y su preparación laboral, y dotarle de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo, accediendo a puestos en la modalidad del empleo con apoyo.


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Asimismo, tendrán que proporcionar a estos jóvenes experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria y facilitarles una formación integral y personalizada.

El objetivo principal del programa es «implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante».


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Gracias a esta iniciativa, a lo largo de las cinco primeras ediciones alrededor de 1.650 jóvenes con discapacidad intelectual han podido conocer la realidad universitaria. Además, han mejorado su perfil profesional gracias a las prácticas laborales que se incluyen dentro del programa, lo que en muchos casos ha supuesto una contratación posterior.

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