La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha afirmado que su idea es que la orden que regulará la atención en centros residenciales de mayores, circunscrita al Decreto del Concierto Social, esté lista para su puesta en marcha el 1 de enero del próximo año y ha manifestado que espera que en esta legislatura se desarrollen «cuantas más mejor» del resto de órdenes recogidas dentro de este Decreto.

La consejera ha detallado que esta orden va a tener dos partes, una para los centros residenciales que ya están en marcha, a los que se les «garantizará las plazas que tienen hoy y se ampliarán plazas», y otra para los centros de nueva construcción.

En este punto, ha desgranado que en las residencias ya abiertas la orden tendrá una duración de cuatro años prorrogables a diez «para dar esa estabilidad» necesaria, mientras que en las de nueva construcción los plazos serán de 10 años prorrogables hasta 20, también con la idea de generar estabilidad.

Asimismo, ha añadido que se buscarán unos modelos asistenciales «muy diferentes a los que venimos conociendo, nada institucionales sino más de unidades de convivencia», con el objetivo de que «las residencias sean un hogar» y los ancianos «se sientan como en su casa».

En cuanto al resto de órdenes recogidas en el Decreto, no ha asegurado cuándo podrán aprobarse ni en qué términos, aunque ha aseverado que «de forma paralela» a la orden de mayores, desde la Consejería también se está trabajando en el resto.

«Tenemos que ir poco a poco sacando órdenes y ver en qué podemos mejorar o perfeccionar. Vamos a ir con una hoja de ruta y trabajando en las principales, en este caso la de mayores y, en base a esa, cuando empiece a estar en funcionamiento, perfeccionaremos y será guía para las demás», ha comentado.

«BUENOS RESULTADOS» DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

En otro orden de cosas, la consejera de Bienestar Social ha desvelado que actualmente se están dando en la Comunidad Autónoma casi 10.000 prestaciones del Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno central, así como unas 1.200 del Ingreso Mínimo de Solidaridad de la Administración autonómica, al margen de otras como las ayudas de emergencia que también concede el Gobierno regional.

García Torijano ha considerado estos datos como unos «buenos resultados» de la implantación del Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha, ya que «se están dando más prestaciones que se daban antes», además con un ingreso estatal que tiene «más garantías» al no variar por cambios de residencia entre comunidades autónomas, entre otras cuestiones.

La tendencia, ha explicado, es que las prestaciones autonómicas vayan descendiendo según las del Ingreso Mínimo Vital se vayan imponiendo. «La tendencia es que todos los usuarios que lo necesiten se deriven al Ingreso Mínimo Vital y que con la reorganización de las prestaciones que estamos elaborando ninguna persona de Castilla-La Mancha se quede sin sus coberturas», ha enfatizado.

Sobre esto, ha recordado que la Consejería está trabajando en un decreto de reorganización de las prestaciones para que el Gobierno regional llegue a los casos donde el Ingreso Mínimo Vital no lo haga. Este decreto, ha sostenido, está «muy avanzado» y no tardará en ver la luz pública, ha asegurado.

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