El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el decreto de zonificación, que determina las agrupaciones de municipios que integran cada una de las zonas rurales afectadas por la despoblación, en el que se han detectado 52 zonas con este problema, que incluyen a su vez a 523 municipios en extrema despoblación, 173 en intensa despoblación y 25 municipios en riesgo de despoblación.

Así lo ha avanzado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha dado cuenta en rueda de prensa de este decreto, según el cual 721 municipios de la Comunidad Autónoma -que representan el 78% del total-, en los que viven 438.000 habitantes -el 21% de la población de la región- están afectados por la despoblación.

Esta, ha dicho, es la principal característica sociodemográfica que tiene la región desde el punto de vista de la despoblación» y eso lo que hace es «que tengamos que intensificar una serie de medidas para intentar paliar este problema estructural que en estos municipios es el principal problema desde el punto de vista de la viabilidad de cara a futuro de los propios municipios».

De las más del medio centenar de zonas en despoblación en Castilla-La Mancha, hay 14 de extrema despoblación, donde viven 197.762 habitantes; diez de intensa despoblación donde viven 208.569 habitantes y dos zonas en riesgo de despoblación donde viven 31.693 personas. A ello hay que sumar ocho zonas intermedias agrícolas, con 62 municipios; cinco zonas intermedias con 78 municipios; seis zonas periurbanas con 51 municipios; y las siete zonas urbanas formadas por las cinco capitales, más Talavera y Puertollano.

A esas 52 zonas afectadas por la despoblación se dirigirán las actuaciones incluidas en la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, como las de carácter fiscal y tributario, entre las que figuran las acciones positivas a introducir a la hora de aprobar convocatorias públicas de subvenciones o ayudas del Ejecutivo regional.

Martínez Guijarro ha indicado que esta es «la primera Comunidad Autónoma que está haciendo este trabajo de delimitación de qué zonas están afectadas por despoblación», y a qué comarcas y territorios «dirigir las medidas que se puedan poner en marcha para frenar ese proceso de despoblación» que contempla la Ley, de garantía de servicios públicos, generación actividad económica y las propias medidas fiscales.

SUBVENCIONES

Para ello, el Consejo ha aprobado otro acuerdo para regular cómo tienen que contemplar las consejerías esa discriminación positiva a los proyectos si concurren a convocatorias de subvenciones.

Así, en cuanto al régimen de ayudas y subvenciones públicas aplicable al medio rural, consistirán en la reserva de al menos el 30 por ciento del total del crédito de la convocatoria para las solicitudes que se desarrollen en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación; en incrementos porcentuales en la intensidad de la ayuda según porcentajes y tramos en función de las zonas y núcleos de población, y el otorgamiento, en los procesos de concurrencia, de una puntuación adicional, respecto del total de la puntuación prevista, según también porcentajes y tramos.

Igualmente, se han aprobado otros decretos para la regulación del Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y la Comisión Interdepartamental frente a la despoblación.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha ha confirmado que para el «despliegue completo» de la ley de medidas contra la despoblación, «solo queda aprobar la Estrategia Regional frente a Despoblación», que se está terminando de elaborar y que confían en que esté concluida antes de que acabe este año.

Para ello, se están analizando todas las propuestas recibidas durante el proceso de participación ciudadana que se ha abierto y que va a suponer que sean más de 200 las medidas -frente a las 196 iniciales- que se acaben incorporando a la Estrategia.

Según ha informado, habrá medidas de todo tipo, desde las medidas fiscales de aplicación directa a partir de la aplicación del Decreto, como las desgravaciones fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentos, o en el IRPF de la declaración de la renta de los ciudadanos que viven en estos municipios.

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