Asaja Castilla-La Mancha ha pedido a los grupos parlamentarios de la región que trabajen para incluir en los Presupuestos Regionales para 2022 un plan de choque en beneficio del sector productor, con el fin de que agricultores y ganaderos puedan hacer frente al incremento de costes de producción y tengan liquidez para seguir trabajando en sus explotaciones.

Así se lo ha trasladado el secretario general de Asaja en la región, José María Fresneda, a los tres grupos parlamentarios de la región -Popular, Ciudadanos y Socialista-, durante las reuniones mantenidas con sus presidentes Paco Núñez, Carmen Picazo y Fernando Mora, respectivamente.

Fresneda ha explicado que «la crisis económica va alcanzar unas gravísimas dimensiones para el sector productor, que repercutirá a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, y no queremos, ni debemos consentir, que un agricultor o un ganadero pierda más capacidad de renta bajo ningún concepto».

La propuesta de Asaja, según ha informado la propia organización en un comunicado, ha sido bien recibida por todos, puesto que reconocen el problema del sector, pero ahora, ha subrayado Fresneda, «hace falta que la voluntad y el compromiso mostrado por los tres partidos políticos queden reflejados en los presupuestos generales para después desarrollarse».

En esta línea, ha criticado que hay «muchas ayudas y dinero de recursos propios y/o compartidos con otras administraciones que se destinan a políticas conservacionistas que coartan y limitan el sistema productivo, pero en esta situación de crisis, poco se destina a garantizar la continuidad de agricultores y ganaderos y, por tanto, de alimentos sanos y seguros, así como fijar población en las zonas rurales. No se trata de generar conflictos, se trata de frenar las amenazas al sistema productivo y el riesgo de despoblación».

Por otro lado, sobre los recursos destinados a la gestión de ayudas, Asaja Castilla-La Mancha ha detallado las dificultades que tienen las organizaciones profesionales agrarias a la hora de ofrecer servicios a los agricultores y ganaderos de la región, fundamentalmente en la tramitación y seguimiento de expedientes, «como competir con entidades que entienden la tramitación de las ayudas de los agricultores como un negocio lícito, mientras que las organizaciones agrarias lo plantean como un servicio en el marco de la interlocución. La tramitación en tiempo y forma es una labor cada vez más compleja que también necesita recursos e instrumentos para agilizar los expedientes, desde que se gestiona su solicitud hasta que se efectúa el cobro de las ayudas».

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