El avance en el ritmo de vacunación, el final del estado de alarma o el descenso en las cifras de mortalidad son realidades que, en estos últimos días, parecen acercarnos al final de la pandemia.

Sin duda, recuperar la normalidad (aunque sea poco a poco), es una de esas grandes noticias esperadas. Y ello traerá consigo (también poco a poco) algunas obligaciones. Estoy hablando de los futuros ajustes que, como economía, tendremos que llevar a cabo con el fin de volver a poner los muebles en su sitio. Después de la tormenta, ya se sabe, llegan las reformas.

Nuestra economía tenía, antes de la pandemia, malos datos. Acabando el año 2019, la tasa de paro era del 14% (de cada 100 personas ocupadas o buscando activamente empleo, casi 14 no podían encontrar uno). Es más, la tasa de paro femenina rondaba el 16% y la tasa de paro juvenil estaba en el 44% (de 16 a 19 años) o en el 28% (de 20 a 24 años), según se mirara.

Cuando terminó el año 2019, el conjunto de todas las administraciones públicas había gastado 35 637 millones de euros más de los que había ingresado (déficit público) y la deuda pública superaba el millón de millones de euros. Para que se hagan una idea, para pagar tal cantidad hubiéramos necesitado todos los sueldos, todos los beneficios de todas las empresas y todo lo que ganaron todos los autónomos ¡En todo el año 2019!

Y con estos datos comenzamos el infame 2020 en el que se perdieron tantísimas vidas y la economía tuvo que cerrar debido a la pandemia. Se aumentó el gasto público y los ingresos cayeron, por lo que el déficit escaló y se gastaron 123 072 millones de euros más de lo que se ingresaron. Evidentemente, hubo que recurrir al endeudamiento y cerramos el año 2020 con 1,35 millones de millones de euros en deuda pública. Para devolver esta cantidad, ya no bastan todos nuestros sueldos y todos nuestros beneficios. Esta cifra es 1,2 veces nuestro PIB. Otro mal dato, la tasa de paro se ha colocado en el 16%, tasa que no contempla a las personas que aún permanecen en ERTE (ocupadas, aunque sin poder trabajar).

Ante tal panorama, el gasto público tendrá que seguir siendo alto durante este año y el próximo. Cuando bajen las aguas del temporal, habrá más pobreza, más empresas quebradas y más desigualdad y se destinarán recursos a luchar contra todas estas situaciones. De la Unión Europea sabemos que llegarán grandes cantidades de dinero para convertir a nuestro país en un lugar más resistente. Eso sí, para ello tenemos que conseguir bajar el desempleo, reducir el déficit y devolver parte de la deuda.

¿No podemos seguir pidiendo prestado? Al nivel de endeudamiento que tenemos (120% del PIB) resultaría complicado, pues nos exigirían, cada vez, un interés mayor. En estos momentos, nuestro país está consiguiendo recursos a un interés bajísimo gracias a que el Banco Central Europeo actúa como una especie de avalista en última instancia. Pero ese respirador tiene los días contados. En otras palabras, la economía debe poder usar los pulmones por sí sola. Cuando amaine (y ya está ocurriendo), será el momento de volver a recuperar nuestros ingresos y devolver parte de lo que debemos.

Así que, ya esta semana, hemos ido teniendo conocimiento de los planes para elevar los ingresos públicos con objeto de reducir el déficit y, poco a poco, ir devolviendo deuda. Y de esto quería hablarles (por fin, dirán).

En primer lugar, debemos conocer que la ecuación del déficit, aunque es muy sencilla, tiene dos argumentos: ingresos y gastos. Por ello, si se pretende reducirlo, lo lógico es subir ingresos y bajar gastos. Desconfíen de las dietas milagro. Sí, esas que prometen reducir déficit sólo subiendo impuestos (y sólo a los ricos) sin tocar el gasto. Y también de las otras que aseguran que lo único que hay que hacer bajar el gasto público (cerrando dos o tres chiringuitos), sin subir los impuestos. Desconfíen. Hay que mover los dos argumentos de la ecuación. Vendrán subidas de impuestos y reducciones en el gasto. Vendrán.

¿De dónde vendrán las subidas de impuestos? Desconfíen también, aquí. Estas subidas, finalmente, llegarán de la mano de aquellos impuestos que mayor efectividad demuestren y que, a la vez, dañen menos a la economía. No esperen reducir el déficit sólo con la tasa google o el peaje de las carreteras. Muy probablemente, el IVA será protagonista, concretamente los tipos reducidos.

Aunque yo les quería hablar de los peajes que se piensan aplicar a las carreteras y autovías a partir de 2024. Y quería hacerlo porque, en mi opinión, corren peligro ciertos consensos que hemos respetado como país durante muchos años. Les explico.

Esta semana hemos escuchado dos argumentos para cobrar un peaje en la red de carreteras del estado. El primero de ellos: «el que lo usa, lo paga». Ciertamente, no hay mucho que explicar aquí pues la sentencia es meridianamente clara. No obstante, hemos de realizar alguna que otra reflexión.

Lo más importante, a mi modo de ver, es el mensaje que se traslada a la ciudadanía sobre el uso de un bien público: a partir de ahora, se trata de un bien privado de tal manera que, quien no pague, no podrá consumirlo. Ya no es un bien público. Ahora es excluible.

¿Por qué es peligroso este mensaje? Porque la ciudadanía no tardará mucho en pensar que las universidades deben pagarlas aquellos que las usen. También los hospitales y los colegios e institutos.

Todos estos servicios se financian con impuestos, sí. Pero no con peajes. Los impuestos son ingresos públicos, sí, pero ingresos que se exigen a la ciudadanía sin contraprestación. Es decir, usted paga impuestos y esos recursos no están específicamente destinados a algo en concreto ni son una respuesta a una demanda particular suya.

¿Por qué es así? Porque las escuelas, los institutos y las universidades proporcionan beneficios en su conjunto superiores a la suma de los beneficios individuales de quienes pasan por ellas. Somos una mejor sociedad si todos nuestros miembros tienen formación. También somos una sociedad más sana si todos nuestros miembros tienen acceso a la sanidad. Y somos una sociedad más comunicada, más interdependiente, más abierta si podemos viajar de un territorio a otro. En definitiva, determinados bienes y servicios públicos generan «externalidades positivas» (nos benefician a todos, aunque no los usemos). Y por ello deben ser financiadas por todos, no por quien las use. Esa financiación debe venir de la mano de los impuestos (IVA, IRPF, IS, …), nunca de los peajes.

Les hablaba de dos argumentos para instaurar los peajes en carreteras. El que acabamos de analizar se refería a la máxima «el que lo usa, lo paga». Pero, también, hemos escuchado otro: «el que contamina, paga». Este argumento es conocido como el principio pigouviano, en honor al célebre economista Arthur Pigou. Son numerosos los impuestos que atienden a esta proposición y se trata de un principio consagrado en nuestra Unión Europea. Ahora bien, ¿se adapta el anuncio de cobrar por kilómetro a la premisa pigouviana?

Si así lo hiciera, resulta claro que los vehículos deberían pagar un peaje variable, en función de su poder contaminante. De hecho, los eléctricos no pagarían. Esto convertiría al pretendido peaje en una figura recaudatoria de alcance limitado y de futuro incierto, pues el número de vehículos «cero emisiones» no hará más que aumentar en los próximos años. El resultado es que las carreteras no podrán mantenerse con este instrumento.

Por otra parte, tenemos en nuestro sistema fiscal otras figuras que tienen una conexión más robusta con el daño contaminante. En primer lugar, está el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (impuesto local) que, si bien grava la titularidad de un vehículo, sí que incorpora elementos ambientales al existir bonificaciones de hasta el 75% en función de la clase de carburante consumido y de la incidencia de la combustión del mismo en el medio ambiente (de igual forma se trata el tipo de motor). En segundo lugar, en nuestro sistema está presente el Impuesto sobre Hidrocarburos, perteneciente a los Impuestos Especiales. El legislador, en su exposición de motivos alega razones medioambientales a la hora de justificar su presencia en nuestra fiscalidad.

Por tanto, existen tributos con una conexión más directa con el daño ambiental que causa el tráfico rodado. Imponer un peaje a las carreteras argumentando motivos de contaminación, no hace otra cosa que inducir a la ciudadanía a pensar que está pagando varias veces por la misma cosa. Y ello generará, de nuevo, desconfianza en nuestro sistema.

En conclusión, los argumentos esgrimidos (el que lo usa, lo paga y el que contamina paga) no parecen ser adecuados en este caso. El primero es muy peligroso y no será nunca una buena noticia el que se imponga, pues tal vez abramos la misma caja de Pandora. El segundo no encaja con esta figura (un peaje es un instrumento por uso) y ya existen tributos que gravan este daño y que pueden ser mejorados. En el futuro, debemos reducir el déficit subiendo ingresos y moderando gastos. Pero esa subida no puede ser a costa de dañar el sistema fiscal. Usemos los impuestos (no los peajes) para financiar los bienes públicos. Usémoslos bien y no intentemos vestir a un elefante con el chaleco de un mono.

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