Creemos en una Sanidad pública, gratuita y universal porque estamos convencidos de que la salud es un derecho de todos los ciudadanos que viven en nuestro país, sea cual sea su origen, sea cual sea su condición.

Creemos en ello por multitud de razones, también porque estamos seguros de que es la mejor manera para garantizar no solo la salud individual, sino la de todos, ya que tener a personas fuera del sistema de cobertura sanitaria universal implica, entre otras cosas, que no son vacunadas o que las posibles enfermedades de declaración obligatoria queden sin tratar, con el consiguiente riesgo para el conjunto de la ciudadanía.



Por todo ello, quiero aprovechar que la Organización Mundial de la Salud, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, nos invita hoy a conmemorar este Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal para recordar que en España, la sanidad universal, gratuita y pública es un derecho que ha recorrido un largo camino y que ha llegado a estar en riesgo, cuando no derogada.

No puedo dejar de recordar que cuando fui investido presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha en 2015, en nuestra región la cobertura no era universal.

Y no lo era, fundamentalmente, porque el Gobierno de España del Partido Popular había acabado con ella a través del Real Decreto 16/2012, dejando en la indigencia sanitaria a cerca de 800.000 personas en todo el país que se vieron expulsadas de la atención sanitaria, además de establecer barreras económicas y copagos que dificultaban el acceso, no solo a la asistencia, sino también a los medicamentos.


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Una de nuestras primeras decisiones fue recuperar la universalización de la Sanidad, como así es desde marzo de 2016 en Castilla-La Mancha. Una decisión que me hace sentir especialmente orgulloso de este Gobierno.

Si vamos a los fríos datos, veremos que son en torno a 5.000 las personas que se beneficiaron de esta decisión hasta 2018, cuando gracias a la llegada de un nuevo Gobierno de España, con el PSOE, fuera derogado ese terrible Real Decreto 16/2012, devolviendo a este país su condición de ejemplo de solidaridad, equidad y universalización de la asistencia sanitaria que ha sido desde la aprobación en 1986 de la Ley General de Sanidad.

Porque la universalización de la asistencia sanitaria no es una cuestión económica, sino de salud, la de todos nosotros, pero también es una cuestión de justicia social, de luchar contra las desigualdades y contra la fragmentación de la sociedad.


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