Seis entidades de Iglesia de Toledo (Cáritas Diocesana de Toledo, la Fundación Centro de Orientación Familiar, el Grupo Polis, el Grupo de Profesionales Sanitarios Cristianos, la Plataforma Libres para Educar a Nuestros Hijos y Acción Católica General) han presentado a los partidos políticos que concurren en las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha ocho propuestas, entre las que se encuentran, una Ley de Protección de la Maternidad o eliminar la asignatura de Educación para la Igualdad de las aulas de la región.
Las propuestas se realizan desde la Doctrina Social de la Iglesia y el amor a la persona humana. En este sentido, tal y como se expresa en el documento, los firmantes están convencidos de que «no es posible gobernar acertada y justamente prescindiendo de la fe en Dios», según ha informado el Arzobispado de Toledo en un comunicado.
En materia de familia proponen una Ley de Protección de la Maternidad con el objetivo de garantizar que toda mujer embarazada disponga de los recursos necesarios para poder seguir adelante con su embarazo y maternidad. Consideran necesaria la promulgación de una ley que establezca y dote presupuestariamente programas sociales que garanticen a madres en situación de vulnerabilidad las condiciones adecuadas para «vivir plenamente su embarazo» y maternidad y para que su hijo «tenga una vida digna».
Entre las iniciativas que se plantean se encuentran una vivienda adecuada si se carece de ella; educación y formación adaptada a sus necesidades; conciliación efectiva entre la maternidad y las actividades laborales y educativas; así como el acompañamiento integral para aquellas madres que lo necesiten.
También entienden necesaria una ley de protección integral a la familia, que «reconozca el valor de la familia como institución básica y primera sociedad natural». Demandan proteger de manera especial a la familia «fundada en el matrimonio estable entre un hombre y una mujer». Para ello, reclaman políticas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda a las familias, especialmente a los matrimonios jóvenes, el reconocimiento del trabajo y de los cuidados familiares en el hogar o el establecimiento de incentivos reales a las familias (fiscales, de vivienda, becas), especialmente para las numerosas y para las más vulnerables.
En materia educativa, proponen acciones para garantizar el derecho de los padres a elegir el modelo de educación que desean para sus hijos. En este sentido, plantean la adopción de medidas legales que garanticen en la práctica el respeto por parte de las autoridades educativas al carácter e ideario del centro en todas sus actividades; la libre elección por los padres de un centro educativo conforme a sus convicciones; y que la formación que reciben los hijos, con independencia del carácter del centro, nunca entre en conflicto con los valores y creencias de los padres dentro del marco constitucional.
ELIMINAR EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
A este respecto, piden «desterrar» de las aulas la «imposición de la ideología de género» con la prohibición de que se instrumentalice la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las personas homosexuales como meras excusas para «inocular a los niños y adolescentes la ideología de género».
En concreto, se solicita suprimir la asignatura Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad, en tanto que «sus contenidos y orientación suponen un adoctrinamiento no disimulado en la ideología de género contrario a la libertad de conciencia de los menores y al derecho constitucional de sus padres a que éstos reciban una educación que no entre en contradicción con sus convicciones morales y religiosas».
También plantean que se elimine del sistema educativo la «inoculación de un concepto de persona que no se define desde el fundamento de su dignidad intrínseca, sino desde sus opciones, preferencias y gustos afectivos o sexuales».
En sanidad, se muestran partidarios de «promover una sociedad que acoja y defienda a los más vulnerables» a través de una sanidad pública que en Castilla-La Mancha «nunca busque solucionar un problema, por grave que sea, causando la muerte de un ser humano ni mediante el aborto, ni mediante la eutanasia».
ASISTENCIA RELIGIOSA, OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y VIVIENDA «DIGNA»
Por otra parte se propone fortalecer la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios públicos; los cuidados paliativos de los enfermos terminales y crónicos; y el ejercicio de la objeción de conciencia y de ciencia en cuestiones éticas propias de la profesión sanitaria y que la posibilidad de ser contratado no dependa de su confesionalidad y valores morales».
Las medidas en materia de exclusión social apuntan a la conveniencia de facilitar el acceso a una vivienda digna a personas en situación de exclusión social y de ofrecer soluciones «específicas, integrales y coordinadas para acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes y refugiados».
En relación a la necesidad de una vivienda digna se solicita la aprobación de medidas legales que garanticen este derecho de manera efectiva, con el acceso a la vivienda o el realojo mediante planes de intervención y el seguimiento que contemplen la implicación de la persona en su propia promoción; así como la erradicación del chabolismo, la infravivienda y la «okupación».
