El juzgado de lo Social nº 2 de Toledo ha condenado al Ayuntamiento de Palomeque a readmitir a una trabajadora del Plan de Empleo de 2016 que fue despedida mientras se encontraba en situación de baja médica a consecuencia de un accidente laboral por lo que la sentencia declara nulo el despido por vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora y condena además al Ayuntamiento a indemnizarla con 3.000 euros por los daños morales causados por la «difamación pública de la que fue objeto por parte del alcalde, Fernando Ledesma».

Según ha informado CCOO en nota de prensa, la sentencia, contra la que cabe recurso de suplicación ante el TSJCM, y que ha sido dada a conocer este viernes por el secretario de Empleo de CCOO-Toledo, Federico Pérez, relata que la trabajadora, contratada por el Ayuntamiento de Palomeque en el Plan Extraordinario de Empleo del pasado año como peón de obra pública, sufrió un accidente laboral mientras realizaba labores de limpieza en las cunetas de la carretera, lo que provocó su baja médica.



El Consistorio «despidió a la trabajadora cuando se encontraba en situación de baja por el citado accidente, reconociendo que el despido era improcedente, justificándolo por una supuesta reorganización de la plantilla y ofreciendo a la mujer una indemnización de 245,60 euros correspondientes a 33 días por año trabajado».

Por el contrario, la magistrada de lo Social señala que el despido de la trabajadora durante la baja causada por accidente laboral supone «la vulneración de sus derechos fundamentales porque lesiona el principio de Igualdad y la prohibición de discriminación, el derecho a la integridad física y a la salud, el derecho al acceso a las prestaciones de seguridad social (sanitarias y económicas) y el propio derecho al trabajo».

Pero, además, la sentencia también condena al ayuntamiento a abonar a la trabajadora una indemnización de 3.000 euros por haber causado un «evidente daño a su integridad moral» al emitir una nota pública, firmada por el alcalde de Palomeque «difamando a la mujer ante todos sus vecinos».



«En esa nota, el alcalde cuestionaba el origen laboral de la baja médica de la mujer e incluso ponía en duda la existencia de lesión alguna; todo ello sin prueba ninguna, como subraya la sentencia, y a pesar de haber reconocido previamente la improcedencia del despido», critica CCOO.

«Si el ayuntamiento entendía que la incapacidad temporal en la que se encontraba la trabajadora no era real o que esta realizaba actividades incompatibles con su recuperación, ese y no otro debía haber sido el motivo alegado en su carta de despido; en lugar de articular un despido que es reconocido como improcedente», subraya la sentencia.

De otra parte, Pérez ha asegurado en rueda de prensa que «no va a tolerar que los ayuntamientos de la provincia vulneren los derechos laborales de trabajadores de los planes de empleo, ni que los utilicen para suplir empleo público estructural, ni que les exponen a riesgos para su salud o su seguridad».



Así ha expuesto otras sanciones judiciales y administrativas impuestas a instancias de CCOO a los ayuntamientos toledanos de El Real de San Vicente e Illescas, y ha explicado que CCOO durante los dos últimos años ha estado haciendo «un seguimiento de los planes extraordinarios de empleo para velar por su correcto desarrollo incluso en los municipios más pequeños, como el mencionado de El Real de San Vicente, poniendo especial atención en las condiciones laborales y en el cumplimiento de la normativa sobre salud laboral y la prevención de riesgos».

Este año, algunos ayuntamientos empezaron a ejecutar sus planes de empleo el pasado mes de junio, otros lo hicieron en julio y los demás lo irán haciendo en los meses sucesivos. También el sindicato ha comenzado las visitas a los municipios donde los planes están en marcha.

En tres de ellos, en concreto Toledo capital, Cobisa y Esquivias, tras reuniones con sus responsables de Empleo, CCOO ha asegurado que se han solventado, en principio de forma satisfactoria, las «incidencias menores» advertidas por el sindicato.

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Sin embargo, ha señalado que en Illescas, uno de los ayuntamientos cuyo Plan de Empleo del pasado año provocó una sanción de la Inspección de Trabajo por una infracción grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a consecuencia de la cual una trabajadora sufrió un accidente que le ocasionó quemaduras en la espalda y los glúteos por un producto químico, el sindicato ha vuelto a detectar «nuevos y múltiples incumplimientos, tanto del convenio colectivo como en materia de salud laboral y de contratación».

Pérez ha calificado de «miserable y ruin» el trato que el Ayuntamiento de Illescas da a los trabajadores del Plan de Empleo, y ha exigido a su equipo de Gobierno que «rectifique de inmediato»; sin perjuicio de que CCOO denuncie las infracciones bien ante la Inspección de Trabajo –ya presentó una por la falta de ropa de trabajo y de equipos de protección, y este viernes ha presentado una segunda denuncia– o bien en su caso ante el juzgado.

Pero, más allá de Illescas, el sindicato ha reclamado a todos los ayuntamientos que «cumplan la ley y respeten los derechos laborales de los trabajadores» de los planes de empleo, con especial atención a la prevención de riesgos.

Por último, CCOO ha recordado que «el Plan Extraordinario de Empleo es un plan de emergencia social, destinado a ofrecer una solución ‘extraordinaria’ a las familias más desfavorecidas de cada municipio, no para que los ayuntamientos puedan contratar mano de obra barata y tratarlos como trabajadores de segunda, criminalizándolos por su situación de desempleo».



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