El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano ha dictado auto de apertura de juicio oral contra la alcaldesa en funciones de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Jacinta Monroy, por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, lesiones y delito contra los recursos naturales y el medio ambiente relacionados con los vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes del municipio y su polígono industrial en la zona conocida como ‘El Juncal’.
Por su parte, la alcaldesa ha subrayado en un comunicado su «interés en colaborar con la justicia desde que se iniciara la causa», de igual manera que ha «luchado» por una depuradora que «ya está en obras».
La apertura de juicio oral ha sido solicitada por el Ministerio Fiscal –que solo acusa a la alcaldesa por el presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente– y las acusaciones popular y particular, Ecologistas en Acción de Ciudad Real y la propia plataforma vecinal, respectivamente, que añaden la acusación por los presuntos delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa y lesiones imprudentes.
Además serán juzgados por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente los concejales Jesús Manuel Ruiz Valle y su antecesor en la cartera municipal medioambiental, Antonio Gil Muñoz, al tiempo que el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha sido emplazado como responsable civil subsidiario.
Según consta en el auto, el Ministerio Fiscal acusa a los tres investigados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el que pide una pena de tres años y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, y multa de veinte meses con cuota diaria de 20 euros.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público interesa la condena de los acusados a indemnizar solidariamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los daños ocasionados en el dominio público, que serán tasados en ejecución de sentencia.con reposición de la situación del paraje a su estado original.
El auto acuerda asimismo la obligación de prestar fianza por importe de 20.000 euros para cada uno de los tres procesados.
La plataforma vecinal ha recordado que este auto es fruto de la investigación judicial que se ha desarrollado desde el año 2014, y en la que, a su juicio, «han resultado acreditadas multitud de evidencias que demuestran el grave riesgo para la salud de las personas expuestas, así como la contaminación irreversible de las aguas superficiales y subterráneas, que ha alterado de manera definitiva el equilibrio del sistema natural de la zona, catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC)».
MONROY RECUERDA QUE LA DEPURADORA «YA ESTÁ EN OBRAS»
Por su parte, la alcaldesa Jacinta Monroy ha subrayado en un comunicado el «interés» que mantiene «en colaborar con la Justicia desde que se iniciara la causa», de igual manera ha «luchado» por una depuradora «que ya está en obras».
Monroy ha reiterado el «respeto» a las partes personadas en el procedimiento judicial y ha recordado que su «único afán» durante estos años al frente del Ayuntamiento ha sido dotar al municipio de un moderno sistema de depuración, «sobre todo por su eficacia y capacidad», que permitiese cerrar un filtro verde que, al margen de otras consideraciones técnicas, «ha quedado obsoleto».
En todo caso ha recalcado que la petición que consta en el auto por parte de la Fiscalía tiene que ver únicamente con delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, «no considerando por tanto que puedan existir otros como falsedad documental, prevaricación administrativa o lesiones, como se piden desde la acusación particular».
La regidora en funciones también ha trasladado a la opinión pública un mensaje de tranquilidad. «Tenemos la conciencia tranquila tras tantos esfuerzos y gestiones realizadas hasta conseguir ver, hace apenas unas semanas, máquinas y operarios trabajando por fin en esta infraestructura, de manera que también nos hemos preocupado por solventar el problema a quienes se consideraban perjudicados por el filtro verde», ha aseverado.
Monroy ha asegurado que en estos años el Ayuntamiento «ha luchado por minimizar las molestias en la zona». Así, ha añadido que en 2009 el Estado, con las gestiones de los entonces responsables municipales, aportaba 36.150 euros para la ejecución de una sala de desbastes en cámara de bombeo, un sistema homologado para el tratamiento previo de las aguas residuales en la cabecera que las canaliza una vez han sido eliminados sólidos no biodegradables.
También ha apuntado que en marzo de 2014, «también gracias a las gestiones municipales», la Diputación concedió otros 20.103 euros para mejorar los mecanismos de trituración, a través de unas bombas más potentes que fueron destinadas a la sala de impulsión en sustitución de las que había, «mejorando la funcionalidad del sistema».
Un año después, prosigue la alcaldesa, y con cargo al plan de obras municipales, el Ayuntamiento invirtió 49.872 euros en el soterramiento de las tuberías del filtro verde, «instalando así una nueva red de distribución que compatibilizaba una mayor eficacia del sistema de depuración con el aminoramiento de los efectos en su funcionamiento».
«Estas 24 hectáreas, que albergan pinos y olmos, puestas en funcionamiento en 1982 con todos los parabienes tras un convenio con el Ministerio de Agricultura, cuyas competencias luego asumiría la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por tanto también el mantenimiento del filtro verde, han sido objeto además de una estricta Ordenanza de Vertido de Aguas Residuales al Sistema Integral de Saneamiento», concluye.
