El exalcalde ‘popular’ de Chiloeches, César Urrea, ha atribuido a un «complot político» el hecho de que este martes sea juzgado en la Audiencia Provincial de Guadalajara por un jurado popular por dos delitos de cohecho vinculados con la supuesta de compra de votos a cambio de sueldos, y por el que la Fiscalía solicita seis años de cárcel para el acusado.
En su escrito, el Ministerio Fiscal consideraba probado que Urrea intentó articular una «estratagema» dentro del Ayuntamiento cuando era alcalde, para tratar de recuperar el apoyo perdido por parte de sus compañeros de bancada, hechos que a preguntas de la fiscal jefe, Rocío Rojo, ha dicho que «jamás» había propuesto a ningún concejal que votara algo a cambio de un precio. «Cada uno vota lo que quiere», ha incidido.
Urrea ha comenzado a declarar pasadas las 12.00 horas en una vista a la que a los ocho testigos que ya había se han sumado tres más a petición de la defensa.
En la vista, ha admitido a las preguntas de la fiscal en las que le preguntaba si había existido un contubernio entre PSOE, PP y e IU contra él, a lo que ha asentido y matizado aludiendo a un «complot» porque «al que gobierna se le desgasta».
«Hay una motivación de desgastar al PP y de calumniar a mi persona», ha afirmado Urrea, tras insistir en la existencia de actas y documentos públicos con los que podía acreditar lo que están haciendo, aludiendo a que el hecho de que esté hoy como acusado en la Audiencia se basa en declaraciones verbales de «ciertas personas» que han motivado que IU diera cuenta de los hechos en la Fiscalía.
NO LO NECESITABA
El exalcalde de Chiloeches ha negado en todo momento que él propusiera sueldos a cambio de apoyos para sacar adelante asuntos en el pleno porque según ha dicho, no lo necesitaba, y ha asentido que fue iniciativa de subir el sueldo a la concejala I.F. de S.G pues es «vox populi» en el pueblo que había una relación sentimental.
Declaraciones estas que hacen referencia al intento del exalcalde de compra de votos a cambio de sueldos, primero a varios concejales de su propia formación de los que perdió el apoyo inicial por «por diversos problemas y desavenencias» y que motivó que tuviera un gobierno en minoría. Después de que estos no se dejarán comprar, haría lo propio supuestamente en el Grupo Socialista.
Unos hechos atribuibles al año 2013, en los que según el fiscal y presuntamente para poder sacar adelante en pleno sus propuestas y recuperar la mayoría necesaria, plantearía «corromper» a los concejales disidentes, para lo cual, el 24 de enero de 2013 reunió en su despacho a una de las ediles de su grupo con quien había tenido problemas, y les pidió dejar el acta de concejal a cambio de restablecer el sueldo a otros, una de ellas con dificultades económicas.
El plan, según la Fiscalía, pasaba por conseguir que esos dos concejales dejaran hueco en el Ayuntamiento a otros dos ediles afines al alcalde, pero los implicados se negaron a la propuesta.
Además, en febrero de ese mismo año, el fiscal apunta que Urrea se reunió con uno de los tres concejales socialistas, que pasaba por dificultades económicas, ofreciéndole un sueldo fijo mensual de 700 euros a cambio de que la bancada del PSOE apoyara sus propuestas en los plenos. En la oferta, llegó a incluir 500 euros de su propio bolsillo, algo a lo que el concejal socialista se negó.
«ES UNA LOCURA»
A preguntas de la defensa, Urrea ha reconocido que uno de sus díscolos, S.G., quería ser alcalde pero el PP de Guadalajara pensó en él y este quedó de número dos; y ha insistido nuevamente en que él nunca trató de coaccionarle para que dejara su acta de concejal, «jamás», ha asegurado, «es una locura».
Por su parte, Juan Andrés García, actual alcalde de Chiloeches, donde gobierna actualmente Ahora Chiloeches gracias al apoyo del PSOE; en su declaración como testigo ha admitido que su formación (IU) dio a conocer los hechos de los que ahora se acusa a Urrea tras tener conocimiento de los mismos pero no porque se lo hubiera escuchado a Urrea sino de boca de los ediles afectados.
Según García, uno de los concejales del PP había señalado que Urrea le había intentado chantajear pidiéndoles a varios que entregasen el acta y a cambio otra de las ediles tendría más sueldo, y después otro del PSOE lo mismo a cambio de otra nómina.
