El documento «España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo», que hoy presenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpa a las diferencias fiscales entre las CCAA de acentuar el reparto desigual de la población en el territorio, junto con la «complejidad del marco jurídico y normativo y la ausencia de una política territorial coordinada».

En el documento, el Gobierno asegura que «el análisis se ha realizado desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política», subrayando que «nace con vocación de país».

«No pretende avalar o refutar el programa de ningún partido político, aunque sí aspira a ayudarlos a todos, como también a las instituciones públicas, empresas, ONGs, sindicatos, universidades, fundaciones, asociaciones y demás entes de nuestra sociedad civil», subraya.

Sin embargo, es conocido el discurso que se viene realizando desde el PSOE de que en la comunidad de Madrid se produce ‘dumping’ fiscal con los impuestos bajos, ya que tiene bonificados al 99 por ciento los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio y también ha bajado en alguna ocasión el tramo autonómico del IRPF.

No obstante, el Ejecutivo afirma que este documento es «una primera propuesta que tendrá que ser mejorada y completada en los próximos meses mediante un diálogo nacional en el que participarán los principales actores sociales de nuestro país».

DIFERENCIAS FISCALES INFLUYEN EN LA UBICACIÓN DE RECURSOS

En el análisis que realiza el texto de las causas que han agudizado la desigualdad en el reparto poblacional en España, cita las diferencias fiscales a las que culpa de haber «influenciado en la ubicación de recursos productivos y sedes sociales de empresas».

También expone que la pluralidad legislativa «habría limitado la creación de sinergias en el reparto de las infraestructuras y los recursos, afectando así a la distribución de la población en el territorio».

Apunta, en este sentido, que varias comunidades autónomas todavía no disponen de directrices de ordenación territorial que sirvan de guíaestratégica dentro de la propia región y que, en materia de planeamiento urbanístico, a pesar de que cerca del 70 por ciento de los municipios dispone de un Plan General, el tiempo que requiere sumodificación no les permite responder a una realidad que cambia muy rápido.

A todo lo anterior se añade el hecho de que los procesos urbanos superan en muchas ocasiones el término municipal, sin que exista, por lo general, una coordinación efectiva de las políticas en el ámbito del área metropolitana y provincial.

EVITAR LA DESPOBLACIÓN.

El texto precisa que en la actualidad el 80 por ciento de la población española vive en ciudades y advierte de que si no se pone remedio, se estima que, en 2050, lo haga el 88 por ciento de los ciudadanos y que la España rural perderá casi la mitad de sus habitantes.

«Si no tomamos medidas, las grandes urbes y sus áreas metropolitanas se volverán más extensas y dispersas, haciéndose menos sostenibles social y ambientalmente. Mientras, muchos municipios rurales y ciudades medias y pequeñas perderán dinamismo económico y sufrirán un notable declive social y patrimonial», afirma.

No obstante, el Gobierno considera que el escenario puede evitarse si se implementan las políticas adecuadas y se aprovechan bien «megatendencias como la digitalización y la transición ecológica» para hacer las ciudades del futuro más saludables, cohesionadas y sostenibles que las de ahora.

«EQUILIBRAR» PRESENCIA DE ORGANISMOS DEL ESTADO EN EL TERRITORIO

Según el documento, para promover un desarrollo territorial equilibrado, habrá que reforzar el papel vertebrador de las ciudades medias y se marca como primer frente de actuación favorecer el desarrollo territorial mas equlibrado, que permita que la población que lo desee permanecan en ciudades medias y pequeñas y en las áreas rurales.

De hecho, y para este fin, propone «equilibrar» la presencia de organismos públicos del Estado en el territorio, sin que ello suponga la generación de duplicidades, así como mejorar y aumentar la diversificación productiva y las oportunidades económicas y laborales de los municipios de menor tamaño, aprovechando sus recursos endógenos y favoreciendo el desarrollo rural con la mejora de las conexiones de transporte y las infraestructuras tecnológicas, entre otras iniciativas.

El documento también incluye proopuestas para favorecer la salud y la sostenibilidad urbana, para lo que apuesta, entre otras medidas, por aumentar la rehabilitación de viviendas hasta 1,2 millones al año, mejorando su consumo energético, así como garantizar de forma efectiva el acceso a una vivienda digna, reduciendo el esfuerzo económico.

EVITAR CIUDADES DE RICOS PROPIETARIOS Y POBRES INQUILINOS

Esta, asegura, es una condición para mejorar las tasas de natalidad, favorecer la capacidad de consumo y ahorro de los hogares, y evitar, por esta vía, un incremento de la desigualdad, tanto de renta como de riqueza, que en España está muy condicionada por la propiedad de la vivienda.

Advierte, en este sentido, que si no se avanza en esta dirección, las grandes ciudades se podrían ir escorando hacia un modelo de «ricos propietarios y pobres inquilinos», polarizado entre hogares con una o varias viviendas en propiedad (bien porque las han comprado, o porque las han recibido en herencia) y personas viviendo en casas alquiladas o compartidas.

SUSTITUIR LAS FLOTAS DE FURGONETAS Y CAMBIAR POR DRONES

Otra de las propuestas, para desarrollar ciudades saludables, es la de que la empresas de distribución y entregas a domicilio –debido al incremeto del comercio electrónico– sustituya su flota actual de furgonetas y camionos por vehículos más ligeros y neutros en carbono, entre los quep odrían incluirse los drones de reparto.

El Gobierno justifica esta propuesta alegando que el sector de la logística «amenaza» con convertirse en una de las principales fuentes de contaminación y congestión de las ciudades del futuro.

Por ello, también plantea que encuentren nuevas fórmulas de entrega, como los puntos de recogida en los barrios (casilleros de paquetes móviles instalados en los centros urbanos), y usar las tecnologías digitales para hacer más eficiente su cadena de distribución y reducir el tráfico de mercancías.

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