La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Jacinta Monroy, ha roto en llanto, visiblemente impresionada por la situación, mientras ha defendido su gestión medioambiental durante la primera vista del juicio que este lunes ha comenzado la Audiencia Provincial de Ciudad Real por presuntos delitos relacionados con los vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes del municipio y su polígono industrial en la zona conocida como ‘El Juncal’ desde al menos el año 2014. «Hice todo lo que pude para solucionar el problema», ha reivindicado.

En el transcurso del interrogatorio practicado por la Fiscalía, que acusa a la alcaldesa de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el que pide una pena de 3 años y seis meses de prisión para la regidora y dos concejales de la corporación, Monroy, visiblemente impresionada, ha roto en llanto y pedido un receso, por lo que la sesión ha tenido que ser suspendida durante unos 15 minutos.



Tras el trámite de cuestiones previas y aportación documental de las partes, la sesión ha dado inicio con el interrogatorio de la Fiscalía, muy minucioso e incisivo en cuestiones técnicas y procedimentales. La regidora, que ha reconocido su desconocimiento de las cuestiones técnicas, ha defendido su gestión reiterando que ha acudido a todas las instancias posibles para solucionar el problema. «He estado muchas noches sin dormir, por más que le daba vueltas no se me ocurría ninguna puerta más para llamar», ha reiterado.

Además, ha incidido en que en ningún momento la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha emitido resolución de retirada de la autorización provisional de vertidos otorgada en marzo de 2004 ni ha habido requerimientos de la CHG incumplidos por parte del Consistorio. Al mismo tiempo ha recordado que la Junta de Comunidades solo le comunicó que gestionara el filtro verde en 2015, dos años después de las primeras consultas del Consistorio, y que a partir de ese momento una empresa externa, SIMA, llevó la gestión a instancias del Ayuntamiento.



Monroy, que ha reconocido la existencia de sanciones «leves» al Consistorio por vertidos, ha insistido en que desde que tuvo conocimiento de las quejas de la plataforma vecinal Caleros-La Mata –que se presenta como acusación particular– y asumida la gestión, el Ayuntamiento ha destinado partidas presupuestarias para mejorar el filtro verde, dentro de sus posibilidades, redactando una ordenanza medioambiental y expedientando a las empresas que en algún momento vertieran vertidos tóxicos por el encima de los niveles permitidos.

«Buscábamos hasta debajo de las piedras y se ha gastado el dinero que se ha podido», ha subrayado. De hecho, ha insistido en que tras tener conocimiento de las quejas de la plataforma vecinal, en septiembre de 2013, de la detección de episodios de vertidos al río Tirteafuera en casos de grandes avenidas de agua, y de la paralización del proyecto de depuradora –sobrevenida por la falta de liquidez de la Junta de Comunidades durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal–, la solución a este problema llegó a ser una «obsesión» ante el temor de que se le pudiera acusar de «envenenar al pueblo».

«ESTABA OBSESIONADA»



«Estaba obsesionada, envié más de 300 correos electrónicos, todas las mañanas llamaba a Aguas de Castilla-La Mancha, al comisario de aguas, a la Confederación, a los políticos de Toledo». La alcaldesa ha insistido en que ha acudido a todas las instancias posibles para solucionar el problema. «He estado muchas noches sin dormir, por más vueltas que le daba no se me ocurría ninguna puerta más para llamar», ha dicho.

La regidora ha relatado que, ante la situación, y tras buscar múltiples soluciones alternativas no consentidas por la CHG, se dirigió al Ministerio de Agricultura, donde mantuvo una reunión con el subdirector Daniel Sanz, quien le comunicó que ante esta situación de «excepcionalidad» se acometería un nuevo proyecto de depuradora.



Fruto de estos contactos, Monroy ha recordado que en enero de 2016 se formó el proyecto con la sociedad estatal Acuaes para construir la EDAR que ya está prácticamente finalizada y a punto de ponerse en marcha. En este punto ha recordado que Argamasilla de Calatrava ha intentado construir una depuradora hasta en cuatro ocasiones desde el año 2001, con resultados infructuosos por cuestiones administrativas; y ha insistido en que ni los técnicos, ni los secretarios municipales, ni las administraciones públicas comunicaron que la construcción de una depuradora fuera competencia del Consistorio.

Abundando en su defensa, se ha retractado de sus declaraciones iniciales en las que arrojaba la sombra de la sospecha de posibles sabotajes en los momentos previos a los que el Seprona efectuaba mediciones, aunque ha insistido en que se producían «roturas inexplicables» de las bombas de depuración.



Respecto al papel desempeñado por los concejales, la alcaldesa ha defendido su actuación insistiendo en que solo tenían funciones de gestión, pero nunca «resolutivas».

CONCEJALES

En la vista celebrada este lunes también han declarado los ediles Jesús Manuel Ruiz Valle y su antecesor en la cartera municipal medioambiental, Antonio Gil Muñoz, que se ha pronunciado en términos similares, defendiendo su gestión y asegurando que en ningún momento se han dejado de seguir las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ni dejado de trabajar por la mejora del filtro verde y la consecución de la nueva depuradora del municipio.



En las próximas jornadas, y hasta el día 20 de abril, está previsto que testifiquen, entre otros, varios agentes de la Guardia Civil, vecinos, peritos, técnicos de la CHG, toxicólogos forenses y funcionarios de la Consejería de Sanidad.

La apertura de juicio oral fue solicitada por el Ministerio Fiscal (que solo acusa a la alcaldesa por el presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente) y las acusaciones popular y particular, Ecologistas en Acción de Ciudad Real y la plataforma vecinal Caleros-La Mata, respectivamente, que añaden la acusación por los presuntos delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa y lesiones imprudentes, según consta en el auto de apertura, de 4 de junio de 2019.



El Fiscal acusa a los tres investigados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el que pide una pena de tres años y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, y multa de veinte meses con cuota diaria de 20 euros.

En este sentido, la Fiscalía, esgrimiendo informes de diversas muestras recogidas por el Seprona, considera que los acusados, desde al menos el año 2014, conocedores de la inexistencia de una instalación adecuada de depuración de aguas residuales urbanas e industriales a la que «estaban obligados» desde el 1 de enero de 2006, no procedieron a su implantación e incumplieron las condiciones «cuantitativas y cualitativas» en el vertido al filtro verde, incumpliendo así una autorización provisional de vertidos otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en marzo de 2004.



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