La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha han manifestado que el acuerdo de la PAC de los 27 «no suena mal» en lo que se va conociendo, por lo que valoran «que haya acuerdo es positivo, en estos tiempos de enormes incertidumbres», confiando en que beneficie a la agricultura y ganadería familiar.

Tal y como informan desde la organización agraria, el acuerdo determina que el 60 % de los pagos directos se destinen a apoyar la renta de los agricultores y ganaderos y un 20 % se dedicará a los nuevos «ecoesquemas», que premiarán las prácticas más beneficiosas para el medio ambiente y cuya concreción se hará ya dentro de cada Estado miembro.


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«La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos lleva muchos años peleando para conseguir una PAC más justa y más social, que destine más ayudas a quienes más lo necesitan, a los más sostenibles, que más empleo generen y cuyas prácticas sean más beneficiosas para el medio ambiente y el territorio: ese modelo es el de la agricultura y ganadería familiar», han expresado en nota de prensa.

El acuerdo alcanzado establece un periodo de dos años para adaptarse a las nuevas exigencias, algo «muy necesario» para UPA. También establece medidas para jóvenes productores y para pequeños agricultores y ganaderos.

Desde UPA Castilla-La Mancha se considera positivo que se haya incluido en la lista de sectores elegibles para las ayudas asociadas a la aceituna de mesa. Una lista que para UPA debe completarse con todos los sectores que hoy por hoy siguen fuera de estas ayudas, como las frutas y hortalizas.

Se trata, a su juicio, «de un acuerdo que no suena mal a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles, que contribuirá a avanzar en la línea de lo que marca el Green New Deal europeo sin menoscabar la renta de los productores, y que seguirá ahora su proceso con la votación, este viernes, de la posición del Parlamento Europeo que dará paso después a los llamados trílogos entre Parlamento, Comisión y Consejo».

Un proceso para el que UPA reclama a todas las administraciones que sean «muy conscientes» de la realidad del campo y de los efectos decisivos que esta política tiene en la vida y la economía de los agricultores y ganaderos y del medio rural, así como en la alimentación de toda la sociedad.


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