Los grupos parlamentarios de PP y Cs en las Cortes autonómicas han realizado un total de 32 enmiendas al proyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En ellas, los ‘populares’ proponen, entre otros aspectos, que tanto las licitaciones o adquisiciones, en supuestos de adjudicación directa, como las permutas necesiten de autorización directa por parte del Consejo de Gobierno cuando el importe de las mismas sea superior al millón de euros, y no cuando sea superior a 12 millones, como aparece en el texto original del proyecto de Ley.


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Del mismo modo, en el caso de las empresas públicas, el PP ha propuesto dos enmiendas, una para que las Cortes deban ratificar la puesta en marcha de una empresa pública antes de su inscripción en el Registro Mercantil, y otra en la que se da al Parlamento regional la potestad de conocer anualmente la gestión del sector empresarial público de la región.

Asimismo, los ‘populares’ también han presentado otra enmienda por la que se podría realizar una adjudicación directa cuando los bienes sean destinados a actividades que promuevan el desarrollo rural, con el fin de fijar población en el territorio. De igual modo, otra de las enmiendas busca promover la cesión gratuita condicionada al ejercicio de acciones, usos y servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes, faciliten el asiento de nuevos pobladores y promuevan actividades económicas tendentes a diversificar la actividad económica y generar empleo.

Finalmente, también destaca la enmienda del PP para reflejar en el proyecto de Ley la creación de un inventario de edificios, inmuebles y fincas que no tengan un uso adscrito o definido, para que puedan ser utilizados por cualquier entidad de la Administración o cedidos por otra administración o entidad sin ánimo de lucro, así como que sean destinadas a su alquiler, si procede.

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Por su parte, Ciudadanos propone en sus enmiendas la adición de un nuevo artículo en el proyecto de Ley por el que la Junta deberá responder de forma subsidiaria de las deudas de las empresas públicas contraídas con terceros en la parte proporcional a la participación directa o por medio de otras sociedades.

De igual modo, el partido naranja ha registrado una enmienda para que la ley refleje la posibilidad de desahuciar en vía administrativa a las personas que ocupen sin título jurídico bienes inmuebles que tengan la consideración de viviendas de promoción pública, así como otra con la que se permitiría que la Junta pueda recuperar por sí misma y en cualquier momento la posesión indebidamente perdida de sus bienes y derechos de dominio público, así como los bienes inmuebles patrimoniales con naturaleza de viviendas de promoción pública que hayan sido ocupadas sin título jurídico válido.


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