El 75 por ciento de los propietarios de viviendas okupadas en Castilla-La Mancha no ha formalizado una denuncia ni ha manifestado expresamente esa oposición a la okupación ilegal de viviendas.

Así se desprende de los datos preliminares del informe que encargó el delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, a los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con el fin de conocer las características específicas de la okupación ilegal de inmuebles en la región.


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Tierraseca con motivo de la segunda reunión Comisión regional contra la ocupación ilegal de inmuebles, a la que ha asistido el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha explicado que este informe también recoge que el 90 por ciento de las viviendas okupadas en la región son propiedad de bancos o fondos buitre.

Tierraseca ha dicho, con estos datos en la mano, que la problemática de la okupación en la región es «muy desigual» dependiendo de las provincias. La provincia más afectada es la de Toledo, seguida de la de Guadalajara, y «en mucha menor medida» se sitúan las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Albacete.

Dicho todo esto, el delegado del Gobierno ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y les ha asegurado que la problemática de la okupación ilegal de viviendas en la región «no es que una persona baja a comprar una barra de pan y cuando vuelve a su casa se la han ocupado, sino que la realidad es otra».


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No obstante, ha afirmado que la Delegación del Gobierno va a seguir colaborando con todas las administraciones con el fin de dar a este problema «una solución eficaz lo más rápida posible».

INVOLUCRAR A LOS PROPIETARIOS

De su lado, el fiscal superior de Castilla-La Mancha ha indicado que esta Comisión es «una magnífica idea» porque el trabajo conjunto es más eficaz. Asimismo, José Martínez ha asegurado que la legislación da herramientas suficientes para llevar a cabo el desalojo en los primeros momentos en la inmensa mayoría de los casos.

Una de las propuestas que la Fiscalía lleva a la reunión de este miércoles es que puesto que la Policía es la que interviene en el primero momento, la Policía actúe no solo sobre la persona que ilegítimamente se introduce en una vivienda, sino que involucre en este procedimiento a los propietarios de las mismas.



Según ha advertido, esta reunión no se celebra porque las cosas no estén funcionando bien, sino porque hay una expectativa de coordinación muy importante «que nos puede ayudar a mejorar enormemente nuestro trabajo».


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