Los tres grupos con representación en las Cortes regionales -PSOE, PP y Cs- han presentado una resolución conjunta, que ha sido aprobada por unanimidad en el pleno de este jueves para demandar al Ejecutivo autonómico que inste al Gobierno de España a que defienda los intereses de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos en la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) y tome en consideración los proyectos presentados por las industrias agroalimentarias en el reparto de los fondos europeos dentro del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.

Además, la resolución promovida por los tres grupos también incluye la exigencia de la aplicación de la normativa comunitaria en materia de importanciones de productos agrarios en la Unión Europea respetando aspectos como los precios o el control sociosanitario o la defensa de las explotaciones familiares.



Igualmente, el documento insta al Gobierno regional a apoyar a la industria agroalimentaria y las cooperativas y particulares en el marco del futuro Programa de Desarrollo Rural (PDR), fomentar el cooperativismo y las asociaciones de productores, trabajar con el sector vitivinícola en la elaboración de la futura Ley de la Viña y el Vino y con el sector agroalimentario en general en la Ley de Calidad Diferenciada, fortalecer la posición de los productores y transformadores en la cadena alimentaria, impulsar mejoras en la supervisión de la calidad de los productos y establecer la obligación de su trazabilidad o apoyar a las Denominaciones de Origen, las Indicaciones Geográficas Protegidas y las marcas de calidad.

Sin embargo, a pesar de este acuerdo, tanto los grupos como el propio Gobierno regional han cruzado reproches en torno al sector vitivinícola o el futuro de la Política Agraria Común.

CS CREE QUE FALTA TRANSPARENCIA



En primer lugar, la diputada de Cs María Elena Jaime ha considerado que «falta transparencia» en la actuación del Gobierno regional con respecto al sector agroalimentario y «sobran preguntas», como qué política se va a seguir con respecto a los temporeros. «No sabemos si se ha previsto nada y si van a ser vacunados y nos preocupa mucho», ha expresado.

Jaime ha puesto el foco en el sector del vino, cuyo aumento en ventas «no sirvió para resolver sus problemas internos», y ha criticado que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural «no se ha dignado a dar una explicación» sobre cómo ha «explotado» la Denominación de Origen Valdepeñas.



Igualmente, ha destacado la importancia de las nuevas tecnologías para el sector, ya que se ha «demostrado que las empresas más digitalizadas están más preparadas», por lo que se ha preguntado por las actuaciones de la Consejería en materias como el blockchain, big data, nanotecnología o inteligencia artificial relacionadas con el sector.

PP VE «DRAMÁTICA» LA SITUACIÓN DEL VINO

Por su parte, la ‘popular’ Lola Merino ha lamentado que los agricultores y ganaderos castellanomanchegos «siguen vendiendo en pesetas y comprando en euros» ya que son «el eslabón más débil», lo que, en su opinión, pone de manifiesto «la necesidad de apoyar con más fuerza que nunca a nuestro sector primario».



Merino ha puesto sobre la mesa la situación «dramática» del sector vitivinícola, un «buque insignia» de la región que, según ha afirmado, está pasando «el peor momento de su historia» mientras el consejero «no solucionada nada». «Anuncia pero nada cambia, todo lo contrario, empeora la situación», ha manifestado, reprochando también que la DO Valdepeñas «salte por los aires por su falta de ejercicio en sus funciones como órgano de control.

En cuanto a la PAC, ha lamentado que ya se está perdiendo dinero, cifrando esta pérdida en 5.000 millones, «el equivalente a un año entero». «Se necesitan medidas ya, tienen que llegar para dar estabilidad al mercado del vino, que está fuertemente afectado por la crisis», ha reiterado, criticando también que actualmente hay menos perceptores de estas ayudas de los que había cuando Martínez Arroyo asumió su Consejería.

PSOE ACUSA AL PP DE TENER UNA «DOBLE VARA DE MEDIR»



De su lado, la socialista Joaquina Saiz ha defendido que durante la crisis del coronavirus el sector agroalimentario «aún no siendo inmune a la situación», ha sufrido un impacto «mucho más reducido» que otros y ha acusado a Merino de usar una «doble vara de medir» en sus críticas en materia de la PAC.

Saiz ha recordado que la actual PAC «se negoció mal» por el Gobierno de Mariano Rajoy y el Ejecutivo actual «lleva arrastrando esa negociación» en la que, ha mencionado, «desaparecieron» los pequeños agricultores, en contraposición al modelo del PSOE, que defiende «una convergencia en la que todos los agricultores cobren lo mismo» esté donde esté ubicada su explotación.



La parlamentaria del PSOE ha considerado que el sector agroalimentario «necesita estructuras grandes que tengan fuerza» a la hora de negociar los precios, especialmente en el mercado exterior, por lo que ve necesario «continuar el trabajo» del Gobierno para fomentar el cooperativismo y ayudar a las asociaciones de productores.

UN ACUERDO «POSITIVO» PARA C-LM

El debate ha sido cerrado por Francisco Martínez Arroyo, que ha agradecido el «esfuerzo» de los tres partidos por llegar a un acuerdo que ha calificado de «positivo para Castilla-La Mancha», aunque ha criticado que Merino haya responsabilizado al Gobierno regional de la disminución de perceptores de la PAC, coincidiendo con Saiz en que esta bajada se produjo a consecuencia de la eliminación de los perceptores de ayudas por valor de menos de 300 euros.



Martínez Arroyo ha reiterado que Castilla-La Mancha está «trabajando» para salir beneficiada de la reforma de la PAC y ha rememorado medidas puestas en marcha como las subvenciones directas para ovino y caprino.

Asimismo, en cuanto al sector del vino, ha asegurado que actualmente «el precio de la uva no es el más bajo de la historia» y ha negado que el sector afronte la peor situación de su historia. «Todas esas palabras gruesas esconden la realidad creciente del sector del vino en Castilla-La Mancha», ha aseverado.

En este punto, ha recordado que el sector del vino genera hoy «aproximadamente 1.000 millones más que hace diez años» y que las exportaciones han subido un 14% con respecto al año 2015.

Además, ha comentado que Castilla-La Mancha ha recibido 112 millones de euros del programa de apoyo al sector del vino, «la cifra más alta de la historia», gastando incluso «el dinero que otras regiones no pueden gastar».

«Estamos trabajando en positivo con el sector, intentando resolver los problemas, estamos intentando elaborar una Ley del Vino y esperemos que llegue antes de final de año, y la estamos haciendo porque la señora Cospedal la derogó», ha continuado.

Finalmente, en cuanto a la pregunta de la diputada de Cs sobre la vacunación a los temporeros, el consejero ha recordado que el criterio nacional para la vacunación se basa en la edad, aunque ha defendido que la orden que reguló el trabajo de los temporeros el año pasado consiguió que el sector fuera el que menos transmisión del coronavirus tuvo durante 2020. «Y esperamos que sirva también en 2021», ha apostillado.



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