La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha calificado favorablemente la proposición no de ley presentada de forma conjunta con PSOE, PP y Cs en el Parlamento autonómico por la cual blindarán por primera vez una postura común en defensa del agua.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha celebrado «la unión» que los tres grupos parlamentarios de la Cámara ha demostrado al plantear una proposición no de ley (PNL) conjunta en materia de agua, que ha sido calificada en la reunión de la Mesa de este viernes.



«Los ciudadanos podemos estar muy satisfechos de este gran acuerdo, que es fruto de un trabajo continuado de consenso y hay que agradecérselo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y a los líderes de los dos partidos de la oposición», que han entendido la necesidad de lograr «la unidad para defender los intereses de Castilla-la Mancha», ha asegurado el presidente del Parlamento Autonómico, nada más finalizar la reunión.

La PNL manifiesta el apoyo a los pueblos ribereños para que su presencia en la Comisión de Explotación del Acuerdo Tajo-Segura «se haga real y efectiva», ya que las decisiones allí tomadas «repercuten directamente en la vida, el desarrollo económico y demográfico de estos municipios y de sus gentes», ha informado el Parlamento en nota de prensa.

«La vocación de este acuerdo regional es que sea un acuerdo nacional, sin necesidad de que suponga un enfrentamiento abierto con Levante, donde deben entender que el Tajo no puede ser saqueado» y que allí, a diferencia de lo que ocurre en la cabecera del Tajo, disponen de alternativas para abastecerse.



Además de exigir la presencia «real y efectiva» de los municipios ribereños en la Comisión de Explotación del Trasvase, el texto de la PNL finaliza instando al Gobierno regional a constituir la Mesa de Trabajo en torno al agua, que ya ha sido anunciada tras las recientes reuniones entre el presidente de la Junta y los líderes de la oposición.

Según la PNL, en esta ‘Mesa del Agua’ deben estar los tres grupos con representación parlamentaria, así como «los agentes sociales y económicos implicados en materia hídrica, para blindar una posición común en esta materia con la que poder acudir a un Pacto Nacional».

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