La Plataforma contra Ley de Caza, que han presentado casi 70 alegaciones al borrador del Reglamento de Caza que elabora el Gobierno regional, ve “preocupante” la prioridad que se le da a la caza frente al uso sostenible de espacios públicos y zonas de seguridad.

“Este aspecto que queda reflejado sobre todo en los artículos 85 y 86, donde se abre la posibilidad a cazar en zonas de seguridad como vías pecuarias y de dominio público hidráulico o a que se pueda cortar un camino para dar una cacería”, ha denunciado la plataforma en nota de prensa.

Tras lamentar que dicho reglamento, lejos de profundizar en las mejoras introducidas en 2018 a la Ley de Caza de 2015 llega a contradecir o vaciar de contenido cuestiones ya discutidas y consensuadas con el Gobierno regional en la pasada legislatura, alertan de que el texto permite que los cotos no señalicen parte de estas zonas o que se utilicen carteles intimidatorios para disuadir del uso de espacios públicos.

“Para la Plataforma no es entendible que una persona que practique senderismo o cualquier deporte o actividad, o simplemente salga a dar un paseo con amistades o familia por el campo se pueda encontrar con caminos o senderos cortados o una señalización amenazante de peligro”, han denunciado.

BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL

De igual modo, denuncian que la atención al bienestar y la protección animal “se ha obviado completamente, manteniéndose modalidades tremendamente crueles, asumiendo con la caza el control de perros y gatos y evitando incorporar medidas adicionales de protección para los animales que se usan en la caza, tales como perros, caballerías, hurones o rapaces”.

“Ya que no es compatible la actividad con el no maltrato, como reconocieron en la Ley de Bienestar y Protección Animal al excluir la acción de cazar de este concepto, cabía esperar alguna atención a este aspecto en el reglamento. En el texto apenas se invoca esta cuestión y, sin embargo, sí caben barbaridades como permitir la caza de perro de madriguera con ocho perros entrando en las zorreras incluso en época de reproducción”, han criticado.

En cuanto a la conservación de la biodiversidad y a la desintensificación de la gestión cinegética, la Plataforma observa varios pasos atrás que afectan a la caza de especies en regresión, de autorización de métodos de control de predadores, de caza en zonas protegidas o de autorizaciones que favorecen las sueltas de granja y a los cuarteles de caza comercial.

“Las alegaciones –han añadido– también atienden a la necesidad de profundizar y ofrecer claridad a las facultades de los agentes medioambientales en la materia al objeto de facilitar su correcto desempeño primando la seguridad física y jurídica de tan importante colectivo profesional”.

PROPUESTAS

Además de las alegaciones, la plataforma propone instaurar una parada biológica de la actividad cinegética que dote de un amplio periodo de tranquilidad a la fauna y de seguridad para facilitar el uso público del medio natural. Piden que haya una parada de 8 meses, como ya era tradicional, quedando fijado el periodo de caza dentro de lo que es la temporada habitual marcada en la orden de vedas, de octubre a enero.

“Disfrutar del medio natural con seguridad es esencial para la calidad de vida y salud de la población como se ha visto en esta pandemia”, han defendido.

Por ello, han solicitado al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que acoja un debate “abierto y plural” sobre el reglamento como se hizo en la anterior legislatura con la ley y que sea sensible a todos los colectivos interesados y afectados por esta cuestión.

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