El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que recurrirá los trasvases de 38 hectómetros cúbicos de agua autorizados desde la cabecera del Tajo hacia Levante en los meses de abril y mayo, de manera que eleva a un total de 39 las derivaciones recurridas por el Ejecutivo autonómico.

Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, esta decisión se recurre por no ajustarse a la legalidad vigente en cuestiones como la prioridad de la cuenca cedente sobre la receptora, así como tampoco da cumplimiento con la sentencia del Tribunal Supremo que estableció la necesidad de implementar un régimen de caudales ecológicos en el Tajo.



También ha recordado que Castilla-La Mancha no entra a recurrir los trasvases para abastecimiento humano, reparando en que en noviembre de 2018 y noviembre y diciembre de 2019 la liberación de agua fue sólo con ese objetivo, por lo que no recibieron oposición por parte del Gobierno castellanomanchego.

«Nos vemos obligados a interponer estos recursos. En estos momentos, en Andalucía, Murcia y Valencia hay casi 5.000 hectómetros cúbicos en reserva, por menos de 2.000 en Castilla-La Mancha, pese a lo cual somos nosotros los que cedemos agua de manera permanente», ha lamentado, insistiendo en que Levante debe «buscar alternativas» en la desalación.

Con todo, la región será siempre «solidaria» y no reivindicará trasvases de agua para consumo humano, pero para el caso del agua para regar, hay que buscar opciones que no impliquen «drenar el Tajo», algo «insoportable».

Ahora se trata a la región castellanomanchega como «la España húmeda» cuando realmente es «una tierra seca», ha abundado Fernández.



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