El Gobierno de España se unirá a los recursos de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana al proyecto de ley de aguas impulsado por el gobierno de Castilla-La Mancha si este invade competencias estatales. Lo ha anunciado el diputado del PSOE Alfonso Martínez durante el Pleno de la Asamblea en el que se debatía este asunto.

Al planteamiento expuesto por el socialista se ha unido el diputado de Podemos Rafael Esteban, ya que, según han indicado, el Gobierno nacional se uniría a ese recurso si Castilla-La Mancha pretendiera asumir la autoridad sobre un río que discurre por más de una comunidad.


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El socialista Alfonso Martínez ha expuesto que las disposiciones adicionales del proyecto de ley de Castilla-La Mancha son «contrarias» al artículo de la Constitución Española sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una Comunidad Autónoma, así como al texto refundido de la ley de Aguas y al reglamento de dominio público hidráulico.

«Los apartados del articulado exceden las competencias de Castilla-La Mancha», ha señalado el diputado del PSOE que, dirigiéndose al consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad, Antonio Luengo, le ha asegurado que si las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban el proyecto de ley tal y como está redactado, «va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España, les aseguro que nunca se van a aplicar estas disposiciones», ha añadido.

El consejero de Agricultura y Agua, por su parte, ha indicado que el documento del gobierno castellanomanchego reserva el doble de caudal para los pantanos de cabecera y para el propio Tajo y asignaría a Castilla-La Mancha todo el control del agua para su regadío. Con éste, ya serían siete los recursos que ha presentado la Comunidad de Murcia porque «se invaden competencias para enterrar el trasvase y esconder también la contaminación en el Tajo».



Luengo también ha señalado que uno de los objetivos de Castilla-La Mancha con dicha ley es «aumentar el caudal del Tajo para que sus aguas parezcan más limpias y diluir la contaminación». A su juicio, «no se puede diluir la contaminación, hay que erradicarla». Según ha manifestado, la Región «apoya» a Castilla-La Mancha «en ese camino» para luchar contra la contaminación pero «dentro de la legalidad».

Por su parte, el diputado de Podemos Rafael Esteban se ha unido a los planteamientos del socialista Alfonso Martínez, pero ha puntualizado que habría que producir más agua desalada si el cambio climático al final acaba con el trasvase. «Tenemos claro que esta ley invade competencias y, por tanto, debe ser recurrida , pero además le digo que en el tema del trasvase no nos va a encontrar enfrente, pero habrá que afrontar que ese trasvase se pueda ver amenazado por el cambio climático», ha dicho.

La comparecencia del consejero ha sido a petición del grupo parlamentario Ciudadanos, durante el debate parlamentario, el diputado de Ciudadanos Francisco Álvarez, ha indicado que lo que hay que hacer es «frenar este injusto e insolidario proyecto de ley de aguas». Durante su intervención ha pedido al resto de los grupos que se unan a la reivindicación de la Región para «exigir lo que nos corresponde, sin agua no hay vida ni futuro».

Desde el PP, Jesús Cano ha reiterado la invasión de competencias que supone el proyecto de ley castellanomanchego. Ha recordado que tanto el Gobierno regional como el Sindicato Central de Regantes han presentado alegaciones porque la ley «incluye exigencias que cambiarían las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura». En su opinión esto es el «intento del gobierno socialista por acabar con el trasvase Tajo-Segura».

En VOX, su diputado Francisco Carrera considera que el problema es la estructura del Estado, por lo que proponen la actualización del pacto de agua de la Región de Murcia y realizar una estrategia conjunta en la Región para comunicar «la fuerza que el agua puede suponer para toda la nación española».



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