El Consejo de Gobierno ha tomado este martes en consideración el anteproyecto de ley de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha que permitirá a la región unirse al grupo de comunidades autónomas que tienen órganos de fiscalización propio.

En rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado que durante 20 años estuvo funcionando la Sindicatura de Cuentas en Castilla-La Mancha, hasta que fue suprimida en el 2014 por el Gobierno del PP. “Durante esos años realizó una ingente labor de control ininterrumpida, intensa e inmediata que fue bien valorada por la ciudadanía”.

Además, ha afirmado que el presidente regional, Emiliano García-Page, se comprometió a recuperar para la región un órgano de fiscalización externo propio “con el objetivo fundamental de reforzar el control y mejorar la transparencia en el manejo de las finanzas públicas y que la ciudadanía pueda tener la tranquilidad de que el dinero de todos se gasta bien”.

Una vez tomado en consideración por el Consejo de Gobierno, el texto del anteproyecto se elevará al Consejo Consultivo para que emita el correspondiente dictamen y, posteriormente, se aprobará el proyecto de ley y será entonces cuando será remitido a las Cortes.

La idea es que el texto llegue al Parlamento antes del mes de julio y, si no pudiera ser así, se enviaría en el inicio del siguiente periodo de sesiones. El objetivo es que la nueva norma pueda estar aprobada y entre en vigor la ley antes de que acabe el año 2021.

La Cámara de Cuentas será un órgano de control técnico que tendrá plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con autonomía organizativa y presupuestaria y que dependerá de las Cortes regionales. “Una independencia y autonomía en su funcionamiento que le permitirá actuar sin interferencias y con absoluta objetividad, eficacia y transparencia en su labor de fiscalización de las finanzas públicas en Castilla-La Mancha”, ha destacado el titular de Hacienda.

De este modo, la Cámara de Cuentas fiscalizará al sector público regional y la actividad realizada por personas físicas o jurídicas adjudicatarias de contratos, así como a los partidos políticos, en relación con las subvenciones que puedan recibir de los procesos electorales. Así, se va a controlar la actividad económica, financiera y contable de todos los entes sujetos a fiscalización y este órgano tendrá otras funciones como es el asesoramiento a las Cortes en materia económico-financiera y al Gobierno regional.

ESTRUCTURA SIMILAR A LA SINDICATURA

La estructura de la futura Cámara de Cuentas será muy similar a la que contaba la extinta Sindicatura de Cuentas, que “nunca recibió ninguna crítica negativa sobre su actuación supervisora” y estará integrada por lo que es la Presidencia, los auditores o auditoras y una Secretaría General. La persona titular de la Presidencia será elegida por el pleno de las Cortes por mayoría cualificada entre profesionales con titulación académica superior, de reconocida competencia y con más de seis años de experiencia profesional.

Su mandato es de seis años con posibilidad de repetir durante otros seis años, salvo que las Cortes decidan nombrar a otro titular.

Desde la supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha en 2014, las funciones de control externo de la gestión económico-financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma vienen llevándose a cabo por el Tribunal de Cuentas.

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