Ciudadanos y Partido Popular han coincidido este lunes en que las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros para empresas y autónomos afectados por la crisis del COVID-19 llegan «tarde» y han pedido que se repartan «con transparencia» incluyendo a sectores que han quedado fuera, mientras el PSOE las ha defendido porque servirán para paliar los efectos negativos que el coronavirus ha dejado en la economía.

Así lo han puesto de manifiesto durante sus respectivas intervenciones en el pleno de las Cortes en el transcurso del debate general sobre esas ayudas y su incidencia en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, al que se han presentado tres propuestas de resolución.



El diputado de Cs David Muñoz, que ha puntualizado que no son 11.000 millones de euros en ayudas sino 7.000 -restando los 3.000 que van a reestructurar la deuda-, ha indicado que ese paquete de ayudas se queda «muy atrás» de lo que han hecho otros países como Francia, Alemania o Italia, lo que supondrá que «miles de personas no van a cobrar» ese dinero y que habrá muchos autónomos y pymes que tendrán que cerrar.

Tras destacar que un 20 por ciento de empresas que estaban activas a 1 de enero de 2020 ya no lo están hoy y que más de 1.300 empresas han desaparecido en Castilla-La Mancha, ha recalcado que el Gobierno de España «llega tarde», confiando en que el de la Comunidad Autónoma «no llegue igual de tarde».



Dicho esto, ha propuesto evitar que haya empresas que lo necesiten y se queden fuera de este paquete de ayudas, ha defendido que «no se les ponga reparos» a la hora de recibirlas si tienen deudas con la Seguridad Social y que no se las discrimine por ser de un sector u otro.

SIN OPACIDAD

Por parte del PP, el diputado Miguel Ángel Rodríguez ha asegurado que en la mayor crisis económica de la UE «estamos esperando ayudas europeas como agua de mayo, ayudas que no han llegado» y sobre las que no hay «certeza de cuándo» llegarán, pese a que «se venden en prensa una y otra vez y se han repartido varias veces».



Rodríguez, que ha destacado que los 206 millones que recibirá Castilla-La Mancha suponen el 2,95% de esas ayudas, ha lamentado que no se conozcan los requisitos de reparto, defendiendo una distribución «sin opacidad», y recordando que ya el PP en un debate anterior propuso crear una mesa de trabajo para la resolución de proyectos.

«Queríamos que se rindieran cuentas en las Cortes, es una cosa tan de sentido común que todos deberían estar de acuerdo», ha significado del diputado del PP, instando a modificar el Real Decreto para que los sectores que se han quedado fuera puedan optar a esas ayudas.



Finalmente, el diputado del PSOE Fernando Mora ha remarcado que la situación generada en la economía por el coronavirus es «complicada y muy difícil» y mientras el PP «no supo afrontar la crisis de 2008» ahora sí se está hablando de ayudas con la que es posible dar una solución a los problemas que se han creado.

«Ustedes no harían nada diferente si estuviesen gobernando», ha contestado al PP, asumiendo que aunque «es posible que las ayudas lleguen tarde» como dicen desde la oposición, y sin entrar en si se trata de «mucho o poco» dinero, lo que ha asegurado es que «el Gobierno de Castilla-La Mancha sí está comprometido» con sectores como los autónomos, los hosteleros y las pymes.



Tras criticar que lo «fácil» que es «decir lo que harían cuando en realidad fueron incapaces de hacerlo cuando tenían esas posibilidades», Mora ha declarado que los 206 millones de euros que llegarán a la Comunidad Autónoma son un aporte que servirá para «paliar los efectos de lo malo que el virus ha transmitido a nuestra economía».

CAMBIAR LOS CRITERIOS

En su resolución, Cs ha demandado que el gasto en ese programa de ayudas se incremente hasta alcanzar el 8% del PIB del país, que se retire del Real Decreto el requisito de encontrarse al corriente de obligaciones tributarias –siempre y cuando dicha deuda sea de escasa cuantía y haya sido generada posteriormente a la declaración de estado de alarma– y a rectificar el Real Decreto para que todas aquellas pymes y autónomos que acrediten disminución de la facturación superior a un 30% en relación a 2019 como consecuencia de la pandemia se incluyan como beneficiarios.



El PP, tras rechazar que el proceso para redactar y aprobar el Real Decreto y reprobar la actitud del Gobierno regional por no tomar ninguna medida para corregir la «discriminación» que introduce para los sectores excluidos, quiere que el Ejecutivo autonómico exija al central que establezca una distribución equitativa de los fondos que tenga en cuenta la especial incidencia de la pandemia en Castilla-La Mancha, «rectificando los criterios injusta y arbitrariamente introducidos». También quiere que se destine una cantidad específica y determinada a proyectos para las entidades locales.

La propuesta socialista aplaude la inversión que supone el Real Decreto y que casi 100 sectores se puedan beneficiar de sus ayudas, e insta a los grupos parlamentarios representados en estas Cortes para que sus grupos en Congreso y Senado, y durante su tramitación como Proyecto de Ley, se esfuercen para que el texto se apruebe por consenso, y se abra a otro sectores productivos entre sus beneficiarios, teniendo en cuenta las peculiaridades de las comunidades autónomas a la hora de administrar estos fondos.



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