La independencia del poder judicial ha centrado este jueves el debate parlamentario entre los grupos en las Cortes regionales, y aunque los tres han coincidido en defender la separación de poderes amparada en la Constitución Española ha sido distinto el enfoque de sus propuestas. Ciudadanos ha pedido revertir la última reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado, PSOE ha reclamado que se renueven los miembros de este órgano y PP ha denunciado «injerencias» del Gobierno central en el mismo.

La primera en intervenir ha sido la presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, que ha demandado la importancia de que la Cámara autonómica se pronuncie sobre la «necesidad de acabar con la politización en el nombramiento del Consejo». «Basta ya de decir una cosa y hacer la contraria, negar la mayor y cuando se llega al poder decidir quién va a juzgar», ha aseverado.

Así, Picazo ha recordado que ha sido «Europa quien ha tirado de las orejas al PSOE», diciéndole que retire «su reforma negociada con Podemos y que va en contra de la calidad democrática» y ha lamentado que fue el 19 de abril cuando el Gobierno recibió esa advertencia, y ya es 6 de mayo y «no sabemos nada».

A pesar de que este debate también se materializó en las Cortes el pasado mes de diciembre, Picazo ha defendido que de diciembre a mayo «Bruselas ha puesto deberes» al Ejecutivo nacional. Ciudadanos ha acusado al PSOE y al PP de falta de criterio en este asunto, y ha remarcado que seguirán con la misma posición a pesar de las críticas que reciban.

Por su parte, la diputada ‘popular’ Ana Guarinos, que ha iniciado su intervención apelando a la separación de poderes y la independencia judicial, ha acusado al Gobierno de intentar llevar a cabo una reforma exprés del Consejo, y le ha «salido el tiro por la culata» porque la Unión Europea no se lo ha permitido.

Ha denunciado las «maniobras dictatoriales de un Gobierno socialista comunista», que pretende el sometimiento del poder judicial a través del «totalitarismo», controlando el nombramiento de los jueces o de la Fiscalía y que ha «tratado de presionar al PP».

Estas injerencias del Gobierno estatal se están trasladando al plano autonómico, con «ataques a todos los fundamentos de la democracia», ya que las comparecencias parlamentarias se establecen según corresponda con los intereses del Gobierno, se suspenden plazos en «plena pandemia» o se convocan la agenda de la Junta en el mismo día y hora de la celebración del pleno.

Por su parte, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no ha hecho otra cosa que intentar llegar a acuerdos en la reforma de este órgano, que lleva más de dos años con su mandato caducado, y la minoría del PP la tiene bloqueada».

Abengózar ha señalado que no ve el debate en estas Cortes, cuando es algo sobre lo que los diputados no tienen competencia, y que ya se abordó el pasado mes de diciembre, por lo que considera que no tiene «mucho sentido».

En este punto, ha pedido al PP que «no se rasgue las vestiduras» cuando tiene bloqueada esta reforma del CGPJ, y que «deje de lado el ruido» y demuestre su respeto por la democracia.

PROPUESTAS PARLAMENTARIAS

La propuesta de resolución de Ciudadanos -partido que ha solicitado este debate general- insta al Gobierno regional a instar al Gobierno de España a revertir la última reforma llevada a cabo que limita las funciones que puede ejercer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado y a respetar la separación de poderes y a la independencia judicial como requisitos necesarios para que haya un Estado de Derecho.

Por su lado, los socialistas han pedido que se ratifique su firme compromiso con la separación de poderes consagrado en la Constitución Española de 1978 y exigen a todos los partidos que integran el Congreso de los Diputados y el Senado a que procedan a la designación de los vocales, como la renovación de los miembros integrantes del Consejo del Poder Judicial y que «inexplicablemente lleva más de dos años de retraso».

Por su parte, los ‘populares’ defienden la independencia del Poder Judicial como pilar básico de nuestro sistema democrático, reprueban cualquier ataque al principio de separación de poderes y cualquier intento o injerencia en el poder judicial, y «de modo especial rechazan los provenientes del Gobierno de España».

Fuera del ámbito nacional, desde el PP expresan su rechazo «al constante desprecio del Gobierno regional, especialmente de su presidente, Emiliano García-Page, al control parlamentario», por cuanto «celebra actos propios de su condición de máximo responsable del ejecutivo haciéndolos coincidir con los mismos días y a la misma hora en la que tiene el deber legal y constitucional de someterse al control parlamentario en las Cortes».

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