El Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) las ayudas al alquiler por valor de 9,4 millones de euros cuyo plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo jueves, día 12 de noviembre, y estará abierto durante dos meses.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que se estima que esta convocatoria llegue a 15.000 personas de la región que podrán beneficiarse de unas ayudas que pueden alcanzar el 40 por ciento del importe del alquiler para la población en general y hasta el 50 por ciento en la población menor de 35 años, ha informado la Junta en nota de prensa.



Las ayudas que cubrirán los arrendamientos desde el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se articulan en tres programas diferentes: uno general destinado a mayores de 35 años, otro de ayuda a jóvenes de entre 18 y 35 años y un tercero diseñado para asociaciones y entidades pertenecientes al Tercer Sector.

De esta manera, el primer programa, dotado con 5,9 millones de euros, subvenciona mediante abonos trimestrales hasta un 40 por ciento del importe de las rentas de arrendamiento siempre que éstas no superen los 500 euros mensuales. El segundo programa, destinado a personas jóvenes de hasta 35 años y dotado con 3,4 millones de euros, tiene previsto una mayor cuantía de la ayuda permitiendo subvencionar la renta del alquiler hasta en un 50 por ciento.

Además de estos programas destinados a personas físicas, hay un tercer programa dotado con 100.000 euros, dirigido a asociaciones, entidades del Tercer Sector y fundaciones que sean titulares de un contrato de arrendamiento, cuya renta no supere 600 euros mensuales y destinen los inmuebles arrendados a alojar personas con especiales necesidades. En este caso la ayuda será de hasta el 50 por ciento.


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Asimismo, la convocatoria contempla medidas de acción positiva destinadas a facilitar el acceso a familiares monoparentales con cargas familiares; personas o familias que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda; a familias en las que conviva alguna mujer víctima de violencia de género o unidades familiares en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de género.

Además, se prioriza a unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas; unidades de convivencia en las que exista algún miembro con discapacidad; unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación; mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, cuando tengan hijos menores exclusivamente a su cargo, familias numerosas así como unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de terrorismo.



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