Castilla-La Mancha se ha situado como una de las comunidades autónomas de España que tienen un «grado intermedio» de privatización en su sanidad en los años 2019 y 2020.

Andalucía y Asturias son las comunidades autónomas que entre los años 2019 y 2020 han experimentado una mayor privatización sanitaria, si bien las regiones con los servicios sanitarios más privatizados este año son Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias.


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Así se desprende del informe ‘Privatización Sanitaria de las CCAA 2020’ elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en el que se han evaluado aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos y utilización del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma.

De esta forma, y tras Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, el informe ha puesto de manifiesto que las regiones con un «grado intermedio» de privatización son en la actualidad País Vasco, Galicia, Navarra, Andalucía, Valencia, Asturias, La Rioja, Castilla y León, y Castilla la Mancha. Por el contrario, Aragón, Murcia, Cantabria y Extremadura son las comunidades autónomas con un «bajo grado» de privatización sanitaria.

«La privatización ha aumentado en todas las CCAA y que el resultado y las movimientos en la clasificación solo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado en cada comunidad autónoma en concreto. Además, y como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las comunidades se objetiva una gran desigualdad entre las mismas, la ratio entre la puntuación máxima y mínima es de 2,54, similar a la encontrada en los otros años, lo que evidencia que en la privatización de los servicios sanitarios, hay diferencias excesivas que suponen una falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud», ha explicado la FADSP en el informe.

No obstante, ha reconocido que algunos de los datos analizados (gasto de bolsillo en Sanidad) están sobre todo relacionados con la riqueza de las comunidades porque en gran parte proviene de gasto en prestaciones no cubiertas por el Sistema Nacional de Salud (SNS), por ejemplo la odontología, así como el que se realiza en los copagos establecidos por el RDL 16/2012.

«La principal limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias que dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos para todas las comunidades, lo que es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada Ley de Transparencia, que desgraciadamente no ha mejorado de manera sustancial la información sanitaria disponible», ha zanjado la organización en el trabajo.


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