La Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la propuesta de Ciudadanos de crear una Comisión no Permanente de Estudio para lograr en el plazo de un año un Pacto contra la despoblación a nivel nacional.

La propuesta ha salido adelante también con los votos a favor del PP, pese a que Cs no ha aceptado incluir en el texto de la resolución la propuesta de los ‘populares’ de recoger también la necesidad de impulsar legislación al respecto, más allá de la creación de la Comisión.


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La portavoz de Cs, Carmen Picazo, ha sido la encargada de defender desde la tribuna de oradores la propuesta de su partido, recordando que «las raíces de todos están en el medio rural» y alertando del «proceso de desertización de muchos municipios de la región».

Tras reparar en que hay 200 municipios de la Comunidad Autónoma que pierden habitantes, que Illán de Vacas es el pueblo menos poblado de la región o que la densidad de habitantes es de 26 por kilómetros cuadrado, ha aseverado que «la despoblación tiene el apellido de Castilla-La Mancha».

Aunque Cuenca y Guadalajara son los territorios con «mayor proceso de despoblación» por la «atracción» de Madrid, ha pedido el apoyo de los otros dos grupos parlamentarios, dando por hecho que se trata de un problema que «también está en su agenda».


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«Todos queremos actuar contra la despoblación pero no todos de la misma manera. Nosotros planteamos esta comisión que ha de cristalizar en un gran pacto en un año», ha indicado.

Tras reclamar «altura de miras», ha insistido en que este reto necesita de la colaboración de todos. «Hagámoslo juntos, bien y pronto», ha dicho.

Apoyo al sector femenino, bonificaciones fiscales o mejora de servicios públicos son los mimbres que propone Cs para atajar este problema.


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PP CARGA CONTRA CS Y PROPONE UNA LEY

De su lado, la diputada del PP y portavoz, Lola Merino, ha dado la «bienvenida» a Cs por su «incorporación» al debate.

«Todo lo que sean políticas para frenar la despoblación tendrán al PP de Paco Núñez», ha dicho, al tiempo que ha añadido que, si esta iniciativa saliera adelante, debiera servir para que Cs «rectificara» en planteamientos como la supresión de diputaciones provinciales o de municipios de menos de 5.000 habitantes.



Estas políticas que Cs ha llegado a llevar en programas electorales «supondrían que cientos de personas de la región dejaran de recibir servicios básicos», tal y como ha argumentado Merino.

Ha propuesto a Cs «poner freno de verdad» y no quedarse sólo «en una Comisión de Estudio». Así, «la mejor manera de garantizar la calidad de vida y disfrute de derechos es blindarlos por ley. Esa es nuestra propuesta», ha dicho.

De esta manera, ha pedido a la formación naranja que acepte en su propuesta de resolución incluir una enmienda transacional del PP para comprometer a las Cortes a blindar por ley políticas contra la despoblación.



Según sus palabras, el PSOE no tendría problemas en aprobarla, toda vez que incluso en su estructura de Gobierno para esta legislatura está apostando por este reto con órganos como un Comisionado por el Reto Demográfico.

 

PSOE RECUERDA QUE LA DESPOBLACIÓN SERÁ EJE DEL GOBIERNO

La portavoz del PSOE, Isabel Abengózar, ha sido la encargada de fijar la posición de su Grupo Parlamentario al respecto y ha iniciado su intervención recordando que la despoblación será uno de los ejes de las políticas del nuevo Gobierno de Emiliano García-Page.

Ha recordado mas ejemplos de trabajo contra la despoblación en el último mandato como la estrategia de zonas ITI, que nació con el objetivo de «atajar el declive socioeconómico de zonas desfavorecidas».

«Desde luego, tenemos claro que queremos alinearnos y ser parte impulsora para atajar este problema», ha dicho Abengózar.

En este punto, ha sugerido a PP y Cs que «llamen a sus jefes para desbloquear» la investidura de Pedro Sánchez si de verdad quieren políticas contra la despoblación, ya que un Gobierno «sólido» en La Moncloa serviría para mejorar la financiación autonómica y avanzar en políticas contra la despoblación.

Así, aunque PP y Cs propongan ahora esta Comisión, «el Gobierno ya lleva en su AND» este extremo, y para ello quiere un pacto que incluya a ayuntamientos, partidos, diputaciones, organizaciones y agentes sociales.

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