La Guardia Civil, en el marco de la operación CRUCERO, ha detenido a 15 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular desde Marruecos a España. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de tráfico de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
Se han realizado 7 registros domiciliarios en las provincias de Granada, Madrid, Murcia y Albacete, donde se ha intervenido numerosa documentación, pasaportes, certificados de empadronamiento preparados para su venta y dispositivos informáticos, que serán objeto de análisis pormenorizado por parte de los investigadores.
Las investigaciones comenzaron a principios de enero, a raíz de la llegada de varias pateras a las costas próximas a Barbate (Cádiz). Por tal motivo, los agentes realizaron un estudio detallado de la frecuencia de estas llegadas y de otras circunstancias, que permitió identificar a uno de los individuos encargados de recoger a los inmigrantes a su llegada a la costa.
Traslado de más de 150 personas desde enero
Desde el inicio de las investigaciones se han podido acreditar hasta 10 traslados de inmigrantes de manera irregular, desde enero de 2018, empleando embarcaciones tipo patera y neumática en las que llegaron a viajar entre 20 y 40 personas.
Algunos traslados se realizaron bajo condiciones de la mar muy precarias y con nulas medidas de seguridad, poniendo en grave riesgo la vida de los inmigrantes, entre ellos menores de edad.
Se ha constatado que esta organización criminal ha trasladado en solo cuatro meses a más de 150 personas de manera irregular, lo cual indica que han recaudado unos 350.000 euros en ese tiempo.
Varios de los miembros de esta organización se dedicaban también al tráfico de drogas, aprovechando el envío de pateras a España para introducir hachís, llegando en algunos casos a exigir a los inmigrantes que transportaran con ellos cantidades de droga que serían recogidas a su llegada a la costa. Los agentes han incautado 140 kilos de hachís en una de las llegadas de estas embarcaciones, junto con los inmigrantes.
A todo lo anterior se suma que, por parte de otros miembros de la organización se procedía a gestionar el certificado de empadronamiento a esos inmigrantes, a los que se cobraba cantidades que podían alcanzar los 300 euros. En este sentido se han detectado centenares de empadronamientos fraudulentos en diversas localidades de la comarca que han sido objeto de investigación, llegando a estar empadronadas 16 personas en un mismo domicilio.
Varios de los ahora detenidos no son miembros de la organización criminal investigada, sino que son propietarios o gestores de los invernaderos en los que trabajan inmigrantes en situación irregular, sin ningún tipo de contrato laboral y omitiendo las responsabilidades debidas en materia de cotizaciones.
