Alrededor del 50% ciento de los trabajadores de la Administración de Justicia en la provincia de Albacete ha secundado el paro de este lunes, según el responsable de Justicia de CCOO, Nicolás Exojo.

Unos paros que vienen repitiéndose desde el pasado lunes y que se intensifican en los juzgados de toda Castilla-La Mancha a lo largo de esta semana en contra de la reforma de la Ley del Poder Judicial que llega este mes de noviembre al Senado tras haber sido aprobada en el Congreso de los Diputados.


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Un cambio en la ley que ya se había “estructurado” durante el gobierno anterior y que conlleva acabar con la especialización de los funcionarios “y que no sepamos en qué puesto estaremos en cada momento”, dice Exojo, que habla de “movilidad forzosa”.

Y es que, con el cambio en la norma, la administración podrá determinar “a su antojo” cuál será, dentro de cada municipio, el puesto de trabajo de cada funcionario en cada momento, al tiempo que se reducirá el nombramiento de personal interino, dejando puestos sin cubrir a medio y corto plazo.



Esto, advierten los sindicatos, incrementará la carga de trabajo y generará “incertidumbre” en la percepción de retribuciones complementarias y en la asignación de funciones y tareas.

A la reforma de la Ley se suma también la “falta de medios económicos y materiales” que vienen denunciando desde hace tiempo los sindicatos en la Administración de Justicia. A ello añaden la digitalización que, según cuentan “ralentiza el trabajo” de estos funcionarios.


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Las concentraciones seguirán a lo largo de toda la semana a las puertas de los juzgados de toda la región y finalizarán en la manifestación convocada para el viernes en Madrid y que tiene como objetivo “paralizar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial” que afecta a los trabajadores pero también a “todo el conjunto de ciudadanos”, advierte el responsable de Justicia de CSIF en Albacete, Francisco Navalón.

Tal y como cifran los sindicatos convocantes, CCOO, CSIF, STAJ y UGT, en la provincia de Albacete se contabilizan unos 400 funcionarios de la Administración de Justicia que se verían “perjudicados” por esta reforma legal

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