El Tribunal Supremo ha establecido que conducir bajo los efectos de las drogas es causa constitutiva de despido disciplinario para transportistas sin que sea necesario que haya maniobras extra√Īas o un siniestro circulatorio, y siendo √ļnicamente necesario que se acredite anal√≠ticamente la existencia de los estupefacientes.

Los magistrados aplican esta doctrina al caso analizado y declaran procedente el despido de un conductor de autob√ļs que dio positivo en consumo de coca√≠na en un control rutinario de la Guardia Civil mientras realizaba la ruta Cuenca-Madrid en 2020.

Tras la inmovilizaci√≥n del veh√≠culo por los agentes, dos conductores tuvieron que desplazarse a la zona para terminar el servicio. Estos hechos provocaron retrasos en el trayecto por los que reclamaron los 39 viajeros que iban en el autob√ļs, a los que la empresa devolvi√≥ el importe de los billetes. El conductor, con una antig√ľedad desde 2001, fue despedido.

Un juzgado de Cuenca consider√≥ procedente su despido al considerar que los hechos eran muy graves, puesto que no solo se hab√≠a incumplido un deber laboral, sino que adem√°s se hab√≠a cometido una infracci√≥n administrativa en materia vial. Tambi√©n entendi√≥ que esta conducta pon√≠a en peligro la vida de los viajeros y de quienes circulaban por v√≠a p√ļblica, adem√°s de perjudicar la imagen de la empresa.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por su parte, sentenció que como no se había acreditado que la conducción se viese influenciada por el consumo de sustancias tóxicas, con independencia del reproche moral que pudiera realizársele, esa conducta no bastaba para justificar el despido.

Con esos argumentos dio la razón al conductor y declaró improcedente su despido, condenando a la empresa a que optase entre la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización de 84.529 euros. La empresa, por su parte, presentó recurso ante el Tribunal Supremo, que sí considera procedente el despido.

INFRACCI√ďN ¬ęDE PELIGRO, NO DE RESULTADO¬Ľ

Ahora, el alto tribunal interpreta el laudo arbitral dictado en 2000, asumido por el convenio colectivo, que describe comportamientos sancionables. En concreto, regula dos situaciones -superar una tasa de alcoholemia y conducir con influencia de drogas-, como la normativa de Seguridad Vial, que ¬ęno requieren requisitos adicionales al hecho en cuesti√≥n: ni presencia policial, ni previa detecci√≥n de anomal√≠as viales, ni protesta de usuarios del transporte, ni proximidad cronol√≥gica de la ingesta, ni reiteraci√≥n del comportamiento, etc.¬Ľ

La Sala explica que se trata de una ¬ęinfracci√≥n de peligro, no de resultado¬Ľ y que en la norma sectorial queda claro que ¬ęsuperar la tasa de alcoholemia, en s√≠ mismo, es lo que constituye el incumplimiento considerado como muy grave¬Ľ. ¬ęNo su exteriorizaci√≥n o percepci√≥n subjetiva por parte de terceros¬Ľ, a√Īade.

Para los magistrados, la conducci√≥n bajo los efectos de drogas, por tanto, no requiere que haya pruebas que acrediten esa conducta irregular, ¬ędel mismo modo que la alcoholemia no constatada externamente se configura, sin g√©nero de dudas, como situaci√≥n sancionable, estar afectado por sustancias estupefacientes integra el tipo sancionador¬Ľ.

El fallo, ponencia del magistrado Antonio Sempere, expresa que la finalidad de la previsi√≥n parece clara: evitar riesgos y garantizar la seguridad vial. Por tanto, ¬ęel dato objetivo de dar positivo en la prueba de drogas supone que al tiempo de la conducci√≥n el trabajador ten√≠a esa sustancia en su organismo con los efectos que la misma pudiera desplegar¬Ľ.

UN RASERO DIFERENTE A OTROS EMPLEOS

En conclusi√≥n, la sentencia fija que la literalidad del precepto no exige que la conducci√≥n bajo los efectos de ciertas sustancias vaya acompa√Īada de otros datos. ¬ęLa equiparaci√≥n con el automatismo de la alcoholemia juega en tal sentido; la finalidad preventiva lo hace en el mismo sentido¬Ľ, a√Īade.

La Sala indica que así se comprende que en el sector de transporte por carretera se aborde la presencia de sustancias alcohólicas o estupefacientes con un rasero y enfoque diversos al propio de otros ámbitos.

¬ęLas obligaciones contractuales de quien se pone al frente de un veh√≠culo autopropulsado y sin conducci√≥n rob√≥tica han de ser, por l√≥gica y ejemplificativamente, diversas a las de quien desarrolla una actividad sedentaria y sin riesgo para terceras personas¬Ľ, recoge el fallo.

Para el tribunal, tanto la integridad f√≠sica como el derecho a la vida aparecen comprometidos por el mero hecho de utilizar un transporte p√ļblico terrestre, por lo tanto, ¬ęsu mejor protecci√≥n concuerda con la consideraci√≥n de que quien conduce el veh√≠culo est√° sujeto a severas exigencias para conseguir que se encuentre en adecuadas condiciones¬Ľ.

La Sala agrega que tambi√©n debe valorarse que la conducta del conductor ¬ęincidi√≥ negativamente en la regularidad del servicio¬Ľ, lo que resulta evidente, pues debieron esperar a que llegaran los conductores que se hicieran cargo del autob√ļs y, adem√°s, se constata con la reclamaci√≥n de clientes por el retraso.

Asimismo, afirma que ¬ęresulta n√≠tida la afectaci√≥n y vinculaci√≥n de la conducta imputada con la relaci√≥n laboral, puesto que incide sobre la reputaci√≥n del propio empleador, redundando en definitiva en su perjuicio¬Ľ. ¬ęNo ya por la devoluci√≥n del importe de los billetes sino, especialmente, por el descr√©dito que conlleva la noticia sobre lo acaecido y la eventual desconfianza que de la misma pueda derivarse¬Ľ, incide.

LA ¬ęNECESARIA CONFIANZA¬Ľ EN LOS CONDUCTORES

La sentencia tambi√©n subraya la relevancia que el transporte p√ļblico posee en una sociedad avanzada e indica que las expectativas de quienes lo utilizan apuntan a la ¬ęnecesaria confianza¬Ľ en que las personas que manejan los veh√≠culos ¬ęno solo poseen los conocimientos precisos, sino que tambi√©n est√°n en las condiciones adecuadas¬Ľ.

Considera que la profesi√≥n de conductor de un transporte p√ļblico al que se realiz√≥ el control de ingesta de alcohol y drogas en control rutinario, con resultado positivo al consumo de la sustancia especificada, como en el caso examinado, exige un especial cuidado a la hora de cumplir con las exigencias de seguridad vial.

La Sala aclara que, más allá de la efectiva incidencia en sus capacidades del momento, el previo consumo (no negado, acreditados los restos del mismo) no constituye una conducta, en cuanto privada, intrínsecamente sancionable en la esfera laboral. Pero entiende que la situación es otra cuando acepta desarrollar su actividad de transportista sin previa comprobación de que las sustancias ingeridas han dejado de estar presentes en su organismo.

Asimismo, se√Īala que el hecho de que el descubrimiento se realice en un control rutinario no destipifica la conducta, sino que obedece a la deseable y habitual vigilancia que los Cuerpos de Seguridad competentes deben llevar a cabo.

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