La Fiscalía pedirá 25 años de cárcel, privación de la patria potestad de sus hijos e indemnizaciones por valor de 400.000 euros al presunto autor que asesinó a su exmujer el pasado 21 de enero de 2020 en Puebla de Almoradiel (Toledo).
El juicio arranca este lunes 7 de noviembre a partir de las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Toledo.
El 21 de enero de 2020, entre las 22.00 horas y las 23.59 horas, el acusado, que residía con su exmujer en la localidad toledana, tras una discusión, «cogió un cuchillo de cocina, de forma que, cuando la asesinada le dio la espalda y se encogió para cubrirse, el presunto asesino, con intención de acabar con su vida y sin que la víctima tuviese posibilidad alguna de defenderse, le propinó con el cuchillo una puñalada en las espalda, y después al incorporarse varias puñaladas en el tórax, en el antebrazo y mano derecha, en la mano izquierda, y en la pierna izquierda», lo que le causó ocho heridas en total.
Como fruto de esas heridas, la víctima falleció a causa de un shock hipovolémico causado fundamentalmente por la herida localizada en la línea paraesternal izquierda que afectó al corazón en todo su espesor.
Una vez producidas dichas heridas, D.D.M., sobre las 00.30 horas del 22 de enero llamó al 112 diciendo que había matado a su mujer, que la había apuñalado en el corazón, pero dijo que no quería ayuda, «que se muriera», relata el escrito de Fiscalía.
Poco después también llamó a una vecina, a la que le dijo en torno a la 1.01 horas de la madrugada que había matado a su exmujer «porque se iba con moros y negros, y se lo restregaba en la cara», por lo que «se había encargado de que estuviera bien muerta».
DELITO
Por todo ello, los hechos narrados a juicio del Ministerio Fiscal son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en el ámbito de la violencia de género, y en donde concurren una agravante mixta de parentesco así como el agravante de género.
De esta forma, el Fiscal considera que procede imponer a este presunto asesino una pena de 25 años de prisión, la privación de la patria potestad respecto de sus hijos menores de edad, así como la prohibición de aproximación y comunicación tanto con los menores como con los tutores durante 35 años para evitar interferencias en el ejercicio de la guarda o tutela.
Además, Fiscalía pide que el acusado debe indemnizar a la tutora legal de los menores en la cantidad de 400.000 euros, 200.000 por cada hijo correspondientes por el fallecimiento de su madre más el interés legal.
