La orden publicada por la Consejería de Desarrollo Sostenible es una muestra más del desprecio de las administraciones y el gobierno regional hacia el sector agropecuario. Prohíben, en esta ocasión y una vez más a los agricultores, el uso de su maquinaria para trabajar, mientras esa misma norma permite expresamente el resto de ciudadanía seguir realizando sus actividades de ocio en el medio natural.
La orden publicada, en el punto 1, resuelve evitar dentro de unas horas el uso de maquinaria agrícola, mientras que en el punto 3 resuelve mantener la recomendación al conjunto de la ciudadanía de evitar. Ante las escandalosas declaraciones del señor presidente García-Page que acusa a los agricultores de trabajar en un horario, según el prohibido, La Unión de Castilla-La Mancha manifiesta que tal prohibición no existe, y que desistir con culpa el derecho constitucional al trabajo, además de constituir una traba a la realización de labores que no se pueden realizar en otra época del año. Siendo el agrícola un sector estratégico para la alimentación de la población, no se entiende que se pongan restricciones a la realización de labores necesarias para la economía de las explotaciones y la seguridad alimentaria de la sociedad en general.
No se entiende que el ocio, el divertimento, las actividades lúdicas, se permitan, mientras que al que trata de ganarse la vida y el sustento se le impida de manera taxativa trabajar, por lo menos según las palabras del señor Presidente.
Una cosechadora parada durante quince días supone una pérdida enorme para su propietario,ya que dichas máquinas son carísimas, y deben amortizarse en campañas de corta duración, por lo que 15 días de campaña le pueden suponer la pérdida de las pocas ganancias. Al agricultor que no puede recoger sus cosechas durante esos 15 días podrían suponer perder la cosecha a causa de un incendio, un pedrisco o el natural descabezado de las espigas. La inmensa mayoría de los incendios son causados por la gente que sale al campo por motivos recreativos, o por accidentes de tráfico, siendo las causas naturales y la realización de las labores agrícolas el mínimo porcentaje del origen de los fuegos.
Según las declaraciones del señor Presidente, mientras se prohíbe a los agricultores realizar labores agrícolas, se permite a la gente coger la moto y darse una vuelta por el campo. Sería más lógico prohibir toda actividad no esencial desde el inicio del período de incendios o de riesgo de incendios, antes que las actividades laborales. El no hacerlo así supone un menosprecio hacia el sector agropecuario, al que por otra parte ya estamos acostumbrados.
Esta cadena de fuegos que castiga a España es consecuencia del maltrato que la sociedad a través de su gobierno da al campo desde hace décadas. Los usos y costumbres tradicionales están restringidos, cuando no prohibidos. La ganadería extensiva desapareciendo a pasos de gigante como consecuencia de las extrañas normativas a las que se las somete. Todo esto pasa desde que se quiere regular desde los despachos las actividades de la gente que vive del campo y en el campo. El ignorante poniendo su criterio al profesional.
O se cambia de prisa esta tendencia, o veremos como toda España se quema porque no dejan actuar a los que siempre tuvieron a raya el fuego. Cada vez somos menos y cada vez vemos más restringida nuestra capacidad de acción.
Por otra parte, tantas restricciones al sector productor acabarán ocasionando un desabastecimiento total de alimentos del que ya hemos visto una pequeña muestra a consecuencia del conflicto ucraniano.
¡Elecciones en el campo ya! Estamos en manos de gente que no defiende al sector agrario. La falta de democracia en el campo, y el apresuramiento de las organizaciones agrarias, que tienen asignada la representatividad a dedo por la Consejería por una ley derogada y con certificados caducados, paralizan al sector.
