Los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales han propuesto a las comunidades autónomas un «plan de choque urgente» con medidas para luchar contra la situación de explotación sexual que, según se ha conocido en los últimos meses, han sufrido niñas y adolescentes tuteladas.

Tal y como han explicado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, este viernes se ha producido un primer encuentro en el que también han estado presentes otros departamentos del Ejecutivo, como Interior, Exteriores o Sanidad, así como la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

Por parte de Rodríguez y Álvarez se ha señalado la necesidad de un «plan de choque urgente» contra esta situación y con medidas que, no solo tengan que ver con la protección del menor, sino también con iniciativas que tengan que ver con la violencia machista y, de forma «específica», que luchen «contra las violencias sexuales» y la «explotación sexual».

Ante esto, Igualdad y Derechos Sociales han propuesto a las CCAA una formación más específica sobre violencia contra la mujer de la que, según ha explicado Rodríguez, podría ocuparse Igualdad. En este caso, el fin sería ayudar a los profesionales a «detectar» lo antes posible a las víctimas, así como los contextos que permiten que se siga reproduciendo la violencia sexual. «Creemos que esto se puede mejorar», ha apuntado la secretaria de Estado.

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PROTOCOLOS CONCRETOS Y PLAN DE INSERCIÓN

Otra de las propuestas es una «guía de actuaciones concretas» ante situaciones de este tipo. «Ya existen protocolos y hay otros que tenemos que trabajar» ha reconocido Rodríguez, aunque reconoce que estos están más centrados en el interés superior del menor. Es por eso que proponen un documento con «instrucciones más claras de cuáles deben ser los protocolos de derivación» de las niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.

También en relación a que recursos tienen que acudir estas menores víctimas y sobre «cómo ayudarlas a salir de esta situación de violencia».

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En este sentido, la secretaria de Estado de Igualdad ha recordado que el Ministerio ya anunció la puesta en marcha este año de un Plan de inserción social y laboral para las víctimas de trata, que también dedica una parte «al trabajo con niñas y adolescentes», aunque, según ha especificado, en este caso el objetivo de las medidas es la inserción socio-educativa de las menores.

Por su parte, Álvarez ha recordado que su Ministerio «ya viene trabajando en esta materia desde hace tiempo con las comunidades autónomas», ya que la nueva Ley de protección a la infancia contra la violencia se recoge «la necesidad de desplegar un protocolo en este sentido»; mientras que en el Plan de Recuperación y Resiliencia se incluyen unos «200 millones de euros» en una estrategia para «avanzar hacia un sistema en donde se prime la acogida familiar de menores» y que sea «mínimo» el número de ellos que estén en centros residenciales.

PROPUESTA DEFINITIVA EN UN MES

Según ha explicado, este es el mejor sistema, según los estudios y las recomendaciones de los expertos, para una mayor protección de los intereses del menor en el conjunto del sistema de acogida.

Estas medidas junto a las que, según han señalado Álvarez y Rodríguez, planteen también las CCAA, serán trabajadas en diferentes reuniones que se llevarán a cabo en las próximas semanas. En este sentido, han calificado de «muy positivo» el diálogo mantenido y esperan que «en el plazo de un mes» la «propuesta definitiva» esté lista y «a partir de ahí» se pueda aprobar en el marco de la conferencia sectorial.

Finalmente, la secretaria de Estado ha recordado que no se puede luchar contra la explotación sexual» sin poner medidas contra «la industria proxeneta» que, según ha indicado, tanto la Fiscalía como la ONU o el Consejo de Europa, advierten que en el país actúa «con total impunidad».

A su juicio, «perseguir a los proxenetas» y luchar contra las «estrategias criminales para captar niñas» es «imprescindible» y, a su juicio, las herramientas necesarias que pueden poner en marcha las instituciones son posibles con la aprobación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’. «Necesitamos que se apruebe cuanto antes», ha reconocido, antes de pedir el apoyo de las formaciones políticas en este tema.

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