El director general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, Félix Romero, aboga por movilizar más recursos para costear una gestión sostenible que prevenga los incendios forestales y genere nuevas oportunidades en las zonas rurales: “No pagamos lo suficiente por lo que recibimos de los bosques”, señala.
En una entrevista a EFE, Romero defiende que los poderes públicos, las empresas y los ciudadanos deben reconocer, con una mayor financiación y con un cambio de conciencia, los servicios que los ecosistemas prestan a la sociedad y a la economía para equilibrar el “déficit económico” que genera el modelo actual de gestión forestal.
Con este propósito, Guadalajara acogerá los días 26 y 27 de octubre el primer foro internacional de la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La Mancha, un encuentro organizado por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha que tiene el objetivo de poner en común el conocimiento de más de un centenar de expertos para hallar la fórmula que permita cuadrar el balance de ingresos y gastos de cualquier espacio natural.
Por poner un ejemplo, el monte de Palancares de Cuenca tiene un déficit de cuatro euros por hectárea al año: “Si nuestro mejor monte en madera tiene un déficit, cabe esperar que esto vaya a pasar con los otros montes”, augura Romero, por lo que insiste en que no basta solo con extraer y llevar al mercado productos tangibles -la madera, el corcho o la resina- para cubrir los gastos.
“Tenemos que revertir al medio rural al menos una parte de esa renta económica que generamos en las ciudades para poder gestionar de manera sostenible los ecosistemas naturales”, reivindica Romero, que en el foro moderará un debate sobre el papel que debe jugar la Administración pública en la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas.
El responsable de Medio Natural y Biodiversidad en la región reconoce que “no hay suficiente financiación pública” para llegar a la gestión sostenible de todos los espacios naturales, que aportan “beneficios imprescindibles” para la vida como son los ciclos ecológicos que generan agua, el almacenamiento de carbono o la polinización de los cultivos agrícolas. “Los presupuestos han de garantizar la sostenibilidad de ese otro espacio”, considera.
LOS INCENDIOS FORESTALES, LA GRAN AMENAZA
La falta de financiación en políticas públicas de prevención y conservación del medioambiente, sobre todo en países mediterráneos, aboca a los gobiernos o a los propietarios de espacios naturales a abandonar su gestión, que posteriormente se traducirá en grandes incendios forestales como los acaecidos este verano, advierte.
Cuando un territorio no genera los beneficios suficientes, el responsable de ese espacio tiende a invertir lo mínimo en él, pero Romero recuerda que el valor de un bosque “no es solo lo que vale la madera, es mucho más” e insiste en que “no puede haber un crecimiento económico si no hay una ecología previa que funcione”.
Para minimizar el impacto del fuego sobre el territorio, que según apunta es el resultado del cambio climático y del abandono del medio rural después de décadas de éxodo a las grandes ciudades, se necesita implicar a los núcleos urbanos. “Lo rural y lo urbano no se pueden concebir como algo contrapuesto”, reitera.
En Castilla-La Mancha hay muchas zonas que están “muy por debajo” de su capacidad de gestión, que permitirían “generar empleo, bioeconomía forestal, poner más madera en los mercados o avanzar en la transición ecológica”.
“Si crecemos económicamente a costa del deterioro del capital natural estamos desequilibrando la sostenibilidad y, finalmente, el sistema se va a romper por algún lado”, advierte.
UN PAGO VOLUNTARIO POR LOS ECOSISTEMAS
Castilla-La Mancha se convirtió el pasado mes de marzo en la primera región en desarrollar la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas, impulsada por el Gobierno regional, a la que se han incorporado las cinco capitales de provincia de la región entre otras entidades públicas y privadas, una iniciativa que es pionera y que reconoce los servicios que los ecosistemas prestan a la sociedad.
La adhesión a este instrumento, que tiene su propio marco jurídico, supone para los ayuntamientos el pago voluntario de 1 euro por habitante destinado al Fondo de Externalidades de los Montes de Utilidad Pública, que fue creado por la Ley 2/2021 de 7 de mayo.
La financiación irá dirigida a proyectos de restauración y conservación que pongan en valor el territorio que genera biodiversidad o servicios ecosistémicos para el conjunto de la sociedad.
Las empresas que quieran “compensar su huella ecológica” también se pueden adherir a la Alianza, cuyo marco de anclaje lo tiene vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, 15 y 17.
“Castilla-La Mancha les da el mapa de zonas de actuación que son estratégicas para garantizar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Con esto conseguimos traer financiación a nuestro territorio porque son actuaciones que se van a ejecutar aquí”, añade.
También se pueden suscribir las fundaciones y ONGs que tienen acceso a financiación público-privada, para que puedan llevar a cabo sus proyectos “de manera estructurada y estratégica” y puedan darles continuidad a lo largo del tiempo.
LAS TABLAS DE DAIMIEL, UN CASO PRÁCTICO
Más allá del turismo rural, que permite tener una actividad económica basada en la conservación de la naturaleza, el capital natural reporta numerosos beneficios económicos a la comunidad autónoma.
Las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, generan un indicador “fundamental” del estado de conservación de todo el conjunto de la reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda, lo que permite conocer el estado del acuífero, que arroja información sobre hasta dónde puede llegar la agricultura de regadío.
“El primer elemento es indicador de la capacidad de resiliencia que va a tener el ecosistema. Si lo terminamos de desequilibrar, no va a haber agricultura a futuro que funcione”, explica Romero.
Este espacio natural genera, además, “una serie de transferencia de materia, de energía, desde las especies que viajan a las que que transportan insectos, que hacen un mantenimiento del equilibrio y funcionamiento de los ecosistemas”.
Sin este equilibrio, se rompe la dinámica del ecosistema, lo que se suele traducir en desajustes entre depredadores y presas o en la aparición de enfermedades donde antes no había, con el riesgo de transmisión al ganado y, por consiguiente, a la salud pública.
“Es fundamental el papel regulador que tienen estos ecosistemas en la integración de la salud animal y la vida silvestre con, finalmente, la salud humana, tal y como lo hemos vivido en la pandemia”, concluye.
