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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha suspendido a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por su actuación durante este curso escolar 2021/2022 y la ha acusado de «perpetuar los recortes que padecen los docentes de Castilla-La Mancha desde 2011 en sus condiciones laborales, más de diez años en los que la Administración no ha actuado en defensa de sus trabajadores».

De esta forma, CSIF, a modo de balance del curso 2021/2022, ha suspendido a la Consejería de Educación y la ha emplazado a corregir esta situación de cara a septiembre. De hecho, la Central Sindical ya ha llevado a cabo tres movilizaciones denunciando la política de castigo de la Junta de Comunidades hacia sus trabajadores y ahora, junto a otras organizaciones sindicales, plantea concentraciones en el ámbito educativo en septiembre, según ha informado el sindicato en nota de prensa.



El presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, ha señalado que «llevamos una década de recortes crónicos, otras comunidades avanzan y aquí nos quedamos atrás». «La implicación de la Junta con la educación pública brilla por su ausencia y ha vuelto a quedar demostrado, una vez más, con las órdenes de funcionamiento de los centros publicadas ayer en el Diario Oficial, que perpetúan todas las carencias», ha continuado.

Así, CSIF critica que continúen sin recuperarse las 18 horas lectivas en ESO y Bachillerato y 23 en Primaria e Infantil, que sigan sin bajarse las ratios en todos los niveles y etapas, que haya compañeros docentes interinos que continúen sin cobrar el verano «porque se les contrata más allá del 1 de septiembre de cada curso», que no se reduzca el horario para los docentes mayores de 55 años, que se «sobrecargue de burocracia» a profesores y maestros, que falten apoyos en las aulas, que no se desarrolle la carrera profesional docente o que sigan aumentando las situaciones de acoso y violencia en los centros, «lo que está produciendo un grave deterioro en el clima de convivencia».


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«Lo único que hemos conseguido este curso ha sido el acuerdo de itinerancias, que pone fin a la situación de explotación laboral que padecía desde 2012 el colectivo de docentes itinerantes. Era una promesa de esta Administración desde 2014 y nos lleva a preguntarnos si vamos a tener que seguir esperando años y años a que cumplan con todo lo prometido», ha señalado Ranz.

Para CSIF, después del «desafío» que ha supuesto sacar adelante los cursos COVID, la Consejería de Educación «debería reconocer la enorme labor que llevan a cabo los docentes de Castilla-La Mancha».



BUROCRACIA

Tras la aprobación este año de los reales decretos por parte del Ministerio de Educación de enseñanzas mínimas –Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato–, son ahora las diferentes comunidades autónomas las que deben completar el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas, es decir, el currículo de cada materia adaptado a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE).

Para CSIF, «se ha colocado al profesorado en el punto de mira, con una carga de trabajo insostenible, ya que a las exigencias académicas que requiere el final del curso, con el proceso de evaluación del alumnado incluido, se ha sumado la obligación de adaptar las programaciones al nuevo currículo escolar».



José Antonio Ranz ha resaltado que la «falta de agilidad» de la Consejería para fijar unas instrucciones sobre el currículo de las distintas etapas educativas «ha dejado a los docentes sin tiempo». «La improvisación ha vuelto a reinar demostrando que las leyes se diseñan y elaboran en despachos sin tener en cuenta la opinión de los docentes, que son quienes mejor conocen la realidad de nuestros centros. Se ha creado incertidumbre, estrés y previsiblemente el curso que viene arrancará sin la adaptación de estos contenidos», ha manifestado.

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