El concejal popular, Francisco Navarro, ha informado de la moci贸n que el Grupo Popular presentar谩 al Pleno de esta semana para luchar contra la ocupaci贸n ilegal, mejorar la convivencia vecinal y la protecci贸n de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, dando traslado de la misma al presidente del Gobierno de Espa帽a, a la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, as铆 como a los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes generales y a la junta de gobierno de la Federaci贸n Espa帽ola de Municipios y Provincias.

Una moci贸n que 鈥渄eslinda con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusi贸n social por motivo de vivienda y de protecci贸n a las familias en situaci贸n de emergencia social, con el fen贸meno de la okupaci贸n ilegal鈥, asegurando que 鈥渁 un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadan铆a sus propias responsabilidades en ninguno de estos casos鈥.


DO La Mancha

Concretamente, Francisco Navarro ha explicado que el Partido Popular solicita al Gobierno de la Naci贸n a trav茅s de esta moci贸n modificar los art铆culos 245 y 269 de la Ley Org谩nica 10/1995 de 23 de noviembre del C贸digo Penal, para endurecer las penas en caso de ocupaci贸n de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias, as铆 como reforzar el castigo del delito de usurpaci贸n de bienes inmuebles con penas que pasen de los dos a帽os actuales a penas de entre tres y cinco a帽os.

Adem谩s, desde el Partido Popular se pide al Gobierno de Espa帽a que se incluyan nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protecci贸n de las personas f铆sicas o jur铆dicas que sean propietarias o poseedoras leg铆timas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesi贸n de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento, as铆 como proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situaci贸n de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Polic铆a.



Del mismo modo, los populares exigen al Gobierno nacional que modifique la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jur铆dicas para que puedan iniciar los procesos de recuperaci贸n de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o il铆citas, as铆 como modificar la legislaci贸n tributaria para la reducci贸n de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepci贸n de rentas.

Francisco Navarro ha explicado que la moci贸n tambi茅n solicita que se incluya un nuevo apartado en el 4 del art铆culo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de R茅gimen Local, para evitar la inscripci贸n en el padr贸n municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Org谩nica contra la ocupaci贸n ilegal y para la convivencia vecinal y la protecci贸n de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, y que esta inscripci贸n se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni le atribuya ning煤n derecho. A tales efectos, los Ayuntamientos dar谩n de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real leg铆timo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello.



El concejal del Grupo Popular ha se帽alado que 鈥渆n los 煤ltimos a帽os ha aumentado el fen贸meno de la ocupaci贸n ilegal de viviendas por parte de las mafias en Espa帽a y ha continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupaci贸n a domicilios, seg煤n datos del Ministerio del Interior鈥, recordando que 鈥渓a vivienda se protege en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol para evitar la ocupaci贸n, tanto desde la perspectiva penal como civil y administrativa鈥.

Adem谩s de las medidas legales ya existentes para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad o posesi贸n leg铆tima y pac铆fica, Francisco Navarro ha explicado que 鈥渆l ordenamiento jur铆dico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protecci贸n efectiva de los titulares de derechos y, adem谩s, ha de tener en cuenta un bien jur铆dico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideraci贸n: la convivencia vecinal pac铆fica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas鈥.


Lokinn

En este sentido, el concejal popular ha se帽alado que 鈥渟on situaciones, muy comunes, en las que la ocupaci贸n de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteraci贸n de la convivencia vecinal, es decir, no se entiende 煤nicamente perturbado el derecho del propietario o poseedor leg铆timo, cuya defensa ya contempla el ordenamiento jur铆dico, sino que provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales, como por ejemplo la ruptura de las normas de r茅gimen interno de convivencia, por realizar actuaciones prohibidas, nocivas, insalubres o en general vedadas al resto de vecinos que si矛 conviven con t铆tulos jur铆dicos鈥.

Seg煤n ha se帽alado, 鈥渓as duras consecuencias, no solo para la propiedad, sino para la seguridad que tiene la ocupaci贸n en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jur铆dico, tanto a nivel penal como administrativo y civil, sin olvidar que debe unirse un 谩mbito, el de la Comunidad de Propietarios que, siendo civil, hab铆a quedado hasta ahora sin menci贸n jur铆dica鈥.

En definitiva, seg煤n ha explicado el concejal el Partido Popular, 鈥渟e trata de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situaci贸n sea de flagrante delito, y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Polic铆a, reforzar el castigo del delito de usurpaci贸n de bienes inmuebles con penas que pasen de los dos a帽os actuales a penas de entre tres y cinco a帽os, as铆 como la imposibilidad de que se puedan empadronar y endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas鈥.

Navarro ha explicado que el C贸digo Penal contiene el delito de usurpaci贸n en el art铆culo 245, como medida evidentemente desalentadora del movimiento de la denominada ocupaci贸n. Esta resoluci贸n tambi茅n indica que 芦concurriendo espacios de protecci贸n superpuestos禄 la vivienda se protege en la v铆a civil 芦a trav茅s de los procesos 鈥樷榮umarios鈥欌 de protecci贸n del derecho real inscrito, interdictales o del desahucio por precario, con fundamento en el derecho a la posesi贸n real del titular, con las consecuentes facultades de exclusi贸n y de recuperaci贸n posesoria, derivados del CC y de la LEC鈥.



El concejal ha recordado que la defensa contra actos que perturben la posesi贸n de un inmueble destinado a vivienda que se contiene en el mencionado art铆culo 250.1.40 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, fue modificado por la Ley 5/2018, de 11 de junio, con resultados muy positivos en cuanto al acortamiento de plazos y agilizaci贸n de procedimientos, con un tratamiento especial del juicio verbal para el ejercicio del interdicto de recobrar la posesi贸n, permitiendo pedir la inmediata recuperaci贸n de la plena posesi贸n de una vivienda o parte de ella, siempre que se haya visto privada de ella sin su consentimiento la persona f铆sica propietaria o poseedora legitima por otro t铆tulo y las entidades sin 谩nimo de lucro con derecho a poseer la vivienda y las entidades p煤blicas propietarias o poseedoras legitimas de vivienda social.

Adem谩s, Francisco Navarro ha se帽alado que la vivienda se protege administrativamente a trav茅s de la Ley Org谩nica de Seguridad Ciudadana en la que se recoge como infracci贸n leve en el art铆culo 37 de su texto la ocupaci贸n de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracci贸n penal.

El concejal del Grupo Popular ha asegurado que 鈥渓as tres v铆as jur铆dicas redundan en la protecci贸n del derecho a la vivienda (que es un principio rector del art铆culo 47 CE) y el derecho a la propiedad privada, sin olvidar la funci贸n social determinada legalmente de 茅sta, que es un verdadero derecho contenido en el art铆culo 33 CE, en el Cap铆tulo Segundo del T铆tulo Primero, referente a los derechos y libertades, que se sit煤a entre los 芦derechos y deberes de los ciudadanos禄 de la Secci贸n 2.a鈥.

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