La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre y a una mujer por participar en una organizaci√≥n criminal que estaf√≥ a 55 administraciones p√ļblicas, entre ellas a numerosos ayuntamientos (entre ellos el de Albacete), as√≠ como a hospitales, universidades, consorcios u organismos en la Comunidad de Madrid, el Pa√≠s Vasco o Navarra, al hacerse pasar por proveedores habituales que no hab√≠an cobrado alg√ļn servicio. El da√Īo total a las arcas del Estado asciende a dos millones de euros.

La Sala de lo Penal ha declarado probado que ambos acusados empleaban documentos falsos para ganar dinero a trav√©s de estafas tanto a entidades p√ļblicas como a particulares. Esas falsificaciones eran la ¬ępiedra angular¬Ľ que les permit√≠a mover el dinero y algunos de los investigados manejaban ¬ędecenas¬Ľ de documentos de identidad de varios pa√≠ses, ¬ęcuya detecci√≥n por parte de las entidades bancarias es pr√°cticamente imposible¬Ľ, indica la Audiencia.



La sentencia fija 5 a√Īos y 2 a√Īos y medio de c√°rcel para el hombre y la mujer, respectivamente, por los delitos continuados de estafa y falsedad, y por el de pertenencia a organizaci√≥n criminal, con las atenuantes de reconocimiento de los hechos y, en el caso de la mujer, de reparaci√≥n del da√Īo, m√°s multas de 990 y 540 euros, despu√©s de alcanzar un acuerdo con la Fiscal√≠a en el juicio.

Del mismo modo se√Īala que deber√°n indemnizar, con miles de euros y m√°s intereses, a los ayuntamientos de Almer√≠a, Albacete, Bilbao, Espinar, Gand√≠a, Olot, Portugalete, Sanxenxo, Zarauz, Parets del Vall√©s, Castell√≥n, Amorebieta-Etxanoko Udala, Arganda el Rey, Caldas de Malavella, Castelldefels, Santa Cruz de Bezana, Valdilecha, Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de la Barca o Alaur√≠n de la Torre.


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Entre los afectados también están el Gobierno de Navarra por el Servicio Navarro de Salud (36.629 euros); el Instituto Foral de Asistencia Social; el Servicio Vasco de Salud (35.000 euros); las diputaciones de Castellón (58.790 euros) y Barcelona (266.081 euros); el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (60.000 euros); las universidades de La Laguna y de Santiago de Compostela; Aguas de Bilbao y Aguas de Murcia, o el Hospital Clínic de Barcelona.

Mientras que entre las entidades que consiguieron bloquear sus pagos se encuentran, entre otras, la F√°brica Nacional de Moneda y Timbre, la Corporaci√≥n Catalana de Medios Audiovisuales, los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalu√Īa o el Canal de Isabel II.


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‘MULAS’ O TESTAFERROS

Al hombre condenado se le atribuye haber contribuido a abrir 47 cuentas bancarias con 16 identidades distintas durante cinco meses, entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Por su parte, la mujer es considerada responsable de crear 14 cuentas con cinco identidades. La organizaci√≥n contaba con ‘mulas’ o testaferros que consent√≠an que su cara o sus nombres figurasen en la documentaci√≥n falsificada.

Para llevar a cabo sus planes, los acusados elaboraban documentos de identidad y personales, como de empadronamiento o contratos de trabajo, que utilizaban para abrir cientos de cuentas bancarias en diferentes entidades y países, donde recibían las transferencias de dinero por parte de las víctimas de la estafa, antes de moverlo a lugares como Rumanía, Alemania, Hungría, Italia o Polonia. En estos países era donde sacaban en metálico el dinero que habían estafado.


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En el relato de hechos probados, la magistrada Ana Mar√≠a Rubio distingue entre el m√©todo que utilizaban para estafar a las administraciones p√ļblicas y el usado para enga√Īar a personas particulares, una actividad que se remonta ¬ęal menos¬Ľ al verano de 2016. Adem√°s, la ponente divide la estructura organizativa en varios departamento: planificaci√≥n, inform√°tica, falsificaci√≥n y log√≠stica.

A la hora de tratar con entidades p√ļblicas, la organizaci√≥n criminal estudiaba previamente los contratos con proveedores y empresas prestadoras de servicios. Una vez que acced√≠an a facturas y pedidos, el siguiente paso consist√≠a en suplantar a compa√Ī√≠as que ten√≠an alg√ļn cobro pendiente y llamaban o escrib√≠an por correo electr√≥nico a las administraciones, avisando de que hab√≠an cambiado el n√ļmero de cuenta en el que hab√≠an de saldar el pago.



Esta forma de obrar inclu√≠a un ¬ęsistema de verificaci√≥n y control¬Ľ, a partir del cual los estafadores hac√≠an llegar a sus v√≠ctimas documentos ¬ęcon informaci√≥n no verdadera¬Ľ que daban cuenta del cambio del n√ļmero de cuenta, para as√≠ disfrazar el enga√Īo.

Las administraciones p√ļblicas que cayeron en la trampa no llegaron a sospechar al recibir la documentaci√≥n sobre los cambios en las cuentas bancarias. ¬ęA trav√©s de esta modalidad se ha intentado m√ļltiples enga√Īos, y se han llegado a materializar otros muchos a numerosas entidades p√ļblicas¬Ľ, se√Īala la Sala de lo Penal.

ESTAFAS A PARTICULARES

A rengl√≥n seguido, los magistrados consideran acreditado que cuando la organizaci√≥n se propon√≠a estafar a personas particulares, eleg√≠an internet como plataforma y actuaban con distintos tipos de estafa, como el ‘phising’ bancario, enga√Īos en la compraventa de bienes y servicios o con alquileres temporales o tur√≠sticos, ¬ęquiz√° la m√°s utilizada¬Ľ y de una manera m√°s activa a lo largo del verano.

El ‘phising’ se trata de enviar un enlace al correo o al tel√©fono m√≥vil de la v√≠ctima simulando que quien lo env√≠a es un banco, pero cuando el receptor accede e introduce sus claves personales, los estafadores las copian y proceden a transferirse, a robar dinero.



Ya sean personas f√≠sicas o jur√≠dicas, hay 705 afectados particulares en Espa√Īa y el dinero total estafado es de 1.183.642 euros. 426 v√≠ctimas est√°n identificadas y 365 ya han denunciado.

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