España es el único país del mundo que tiene una lengua de importancia global que traspasa fronteras y que es ninguneada en partes de su territorio. Es inaudito que pretenda ser eliminada del sistema educativo, restringiendo un derecho contemplado en la Constitución Española a alumnos que deben aprender y estudiar con el español, por tratarse de la lengua del Estado, contemplada en el artículo 3 de la Constitución, pero también por ser la lengua materna de esos alumnos.

Es asombroso que todo un consejero de Educación haya pedido a los directores de los centros educativos catalanes, a través de un comunicado, que no cambien su proyecto lingüístico docente a pesar de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir al menos el 25 por ciento de las materias en castellano. Ha avisado que no cumplirá la sentencia. Tan sorprendente como que no tenga consecuencias esta carta, estas declaraciones y la decisión de este consejero.

Esta sentencia del Tribunal Supremo viene a decir que es obligatorio que todas las escuelas públicas catalanas deben de impartir al menos el 25 por ciento de las clases en castellano. Con ello da un buen golpe a la inmersión lingüística tras décadas de imposición del catalán en las escuelas de Cataluña por parte de la Generalitat.

Y estas circunstancias no solo están instauradas en Cataluña. En todos los rincones de España con lengua cooficial. Y lo hacen a imagen y semejanza de lo ocurrido en Cataluña, todo ello a partir del nocivo ‘procés catalán’ que todos conocemos bien. Ahora el problema se extrapola a Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco, donde ya existe un avance importante del independentismo en el gremio docente, y que no se ciñe a los territorios mencionados, ya que existen tensiones también en Asturias, León y en otros territorios gobernados por el PSOE o por la izquierda enemiga de España.

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Los efectos nocivos consecuentes del ninguneo a la lengua española han sido claramente demostrados en la proliferación de un separatismo que ya atenta seriamente a la unidad de España. Todas las comunidades autónomas que cuentan con lengua cooficial ya han sido ‘tomadas’ por el separatismo y han transformado la Educación en el embrión del problema separatista, haciendo evolucionar la deriva hasta hacer imposible estudiar en la lengua de Cervantes en la gran mayoría de colegios en esos territorios.

El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep González-Cambray dice en esa misiva a los directores de los centros que “sigan trabajando como hasta ahora” e insiste en que el modelo de escuela catalana “es el de la ley autonómica”, avalada por la LOMLOE.

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Es muy posible que el consejero esté cometiendo un delito de prevaricación porque en esa carta se mencionaba explícitamente esta sentencia. Se les decía que no tenían que hacer ningún cambio y terminaba con un rotundo: “En Cataluña, la escuela es en catalán”. Y además, se les decía a los profesores que “podían sentirse amparados por la consejería”.

La LOMLOE está demostrando que esconde objetivos no educativos, sino unos cambios para promover el exterminio de España y su unidad. En ella se pueden encontrar, además, la Disposición adicional 38.2 de la nueva ley que dice que se debe alcanzar dominio pleno y equivalente de la lengua cooficial.

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Es un verdadero despropósito que marca un nuevo escenario a imagen y semejanza de los avances del separatismo desde el sistema educativo en Cataluña, que se desarrollaron desde la ilegalidad, y que ahora con la ayuda del PSOE y Podemos se pretenden instaurar para todo el territorio.

Los movimientos separatistas de las diferentes comunidades autónomas, desde una clara minoría, están logrando una deriva que surge de la instauración del requisito lingüístico a docentes y a funcionarios de la comunidad autónoma. El requisito reporta ventajas laborales a los funcionarios, para alcanzar su puesto de interino o de funcionario de carrera, con lo que a través de éste se va consiguiendo transformar a los docentes, por las ventajas que les aporta, en el gremio más separatista de cada territorio.

También se ha conseguido nublar la opinión de los padres, ya que viven en unos tiempos y en una sociedad que ahora cuenta con la tendencia de hacer crecer en tamaño el aparato del Estado. Esos padres ven que ser funcionario es una gran opción para el futuro de sus hijos, por lo que aceptan el chantaje de que sus hijos pierdan su lengua materna, si es el castellano, en desventaja sobre la lengua cooficial, pero que les ofrecerá la posibilidad de trabajar como funcionario.

Los docentes, por su parte, y una vez logrado el requisito lingüístico que les aporta tantas ventajas, se han convertido a un corporativismo separatista que trasladan y transmiten a los alumnos que reciben sus clases. De esta manera los jóvenes van alcanzando la mayoría de edad y el derecho al voto con una visión separatista en su versión más radical, que produce un crecimiento del voto independentista en este proceso manipulador, inédito, pero de enorme eficacia en la instauración del separatismo, que ahora pone contra las cuerdas a la unidad de una España ya gravemente amenazada.

La Constitución, que desde el mismo preámbulo proclama la voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, y que en el artículo 3 expresa literalmente que el castellano es la lengua española oficial del Estado nos dice que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Por otra parte, en el artículo 27 la Constitución recoge el reconocimiento de la libertad de enseñanza, aspecto también vulnerado por la LOMLOE al restringir la posibilidad de estudiar en castellano, lengua oficial del Estado y lengua materna de la mayoría de los niños de este país en las comunidades autónomas con lengua cooficial.

Con la retirada de todo lo referido a lenguas en la LOMLOE, y con la ausencia de proporción razonable para estudiar en castellano, la lengua del Estado queda relegada a su extinción en los sistemas educativos de estas comunidades autónomas. Ni siquiera sería suficiente con una proporción razonable del 25 por ciento, ya que no es, en absoluto, razonable.

La esencia del ‘procés’ es el requisito lingüístico a docentes y a funcionarios, ya que transforma a profesores por las ventajas que le aporta, y nubla a los padres ante el chantaje que supone en esas comunidades autónomas, al ofrecerles la posibilidad de acceder a los empleos públicos. El requisito lingüístico, en conjunción con la imposición lingüística, es una combinación maldita que deriva en adoctrinamiento en las aulas. Hasta que no desaparezca el requisito no desaparecerán las tensiones separatistas que tanto daño están haciendo a la unidad de nuestra nación.

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