El Grupo Provincial de Unidas Podemos-Izquierda Unida en Guadalajara ha denunciado «el abandono que una comunidad de vecinos está sufriendo por una estafa en la localidad de Uceda», que lleva «más de dos semanas sin luz y sin posibilidad de calentarse, ni tener agua caliente».

Los vecinos de la comunidad, al acreditar su condición de inquilinos aportando los contratos con las inmobiliarias que actuaban como arrendadoras, lograron parar un intento de desahucio por parte de la comisión pertinente.

«Lo que no pudieron evitar fue el corte del suministro de luz, ya que la propiedad del edificio no se ha hecho cargo del mantenimiento ni cuenta con una instalación certificada, mientras tanto los vecinos están abandonados y los propietarios no dan señales de vida», ha denunciado la formación en nota de prensa.

Así, señala que «la mayoría de los vecinos son familias jóvenes con hijos pequeños, aunque también hay personas de avanzada edad, y han tenido que ingeniárselas para salir del apuro».

A este respecto, acusan de «ausencia de medidas para paliar esta emergencia» por al Ayuntamiento de Uceda, «que se mantiene al margen ante la situación que viven las vecinas y vecinos de este inmueble». Este es el motivo que ha llevado a presentar instancias en el registro municipal para pedir soporte ante esta situación de emergencia que están viviendo, al no atender a sus peticiones de manera verbal.

«Sólo pedimos usar las duchas del polideportivo para bañar a los niños con agua caliente y acceso a luz eléctrica, aunque solo sea unas horas al día» señala una de las inquilinas con una hija de 6 años a su cargo. «Somos gente normal con nuestros trabajos y que estamos empadronados en Uceda, no entendemos porque no nos hacen caso» añade otro vecino con dos pequeños y a punto de nacer su tercer hijo.

Por su parte el diputado provincial de Unidas Podemos-IU Guadalajara, Daniel Touset, señala que «son una comunidad que reclama lo mínimo para poder superar este periodo mientras los propietarios se hacen cargo de sus obligaciones como arrendadores, no sé qué hace falta para que el consistorio entre en razón».

Desde la coalición de izquierdas aseguran que hay capacidad y medios para poder asistir a estas personas que «son víctimas de una mala praxis por parte de la propiedad del edificio, el Ayuntamiento tiene capacidad y además puede solicitar ayuda a instancias superiores para atender esta situación de emergencia». Touset añade «durante el confinamiento se decía que saldríamos mejores, es en este momento cuando hay que dar la cara y demostrar con hechos las palabras»

«Indefensos» ante la incertidumbre sobre la propiedad del edificio, una parte mayoritaria de los inquilinos se han unido para contratar a un abogado que pueda esclarecer a quien corresponde la propiedad y quien debe hacerse cargo del correcto funcionamiento de los elementos comunes, «pero mientras tanto los días pasan y la paciencia socava a las 39 familias en esta situación tan precaria».

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