La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha desestimado por unanimidad el recurso de apelación de Quantum Minería contra la sentencia de abril de 2018 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Villanueva de los Infantes, por el que pedía responsabilidades al presidente de la Asociación Sí a la Tierra Viva, Luis Manuel Ginés, por una demanda puesta por este a dicha empresa por un presunto delito contra el medio ambiente en el marco de las investigaciones sobre tierras raras de la empresa en la localidad de Torreneva (Ciudad Real), demanda que fue sobreseída.

De este modo, los tribunales han rechazado de «manera contundente» la pretensión de la mercantil de ser indemnizada por el supuesto daño a su imagen pública confirmando la absolución a Luis Manuel Ginés, como responsable de la entidad, de todas las acusaciones vertidas por la minera, según ha informado la asociación en nota de prensa.

La demanda fue interpuesta por Quantum en enero de 2017 en el momento álgido de la oposición ciudadana contra el proyecto para extraer tierras raras en la provincia de Ciudad Real, y se basaba en las actuaciones realizadas por la Plataforma al solicitar, en enero de 2016, la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para esclarecer si se había incumplido la legalidad vigente al haber tenido conocimiento la entidad de que se habían estado realizando trabajos de exploración minera en terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000 sin la pertinente licencia municipal, así como realizando tareas de investigación en un corral dentro del casco urbano de Torrenueva con el consiguiente riesgo de vertido de aguas residuales.

En ambos casos, estas actividades fueron clausuradas con posterioridad por el Ayuntamiento de la localidad al carecer de autorización y la empresa fue sancionada con 2.700 euros por ejercicio de actividad clandestina.

LA SENTENCIA AVALA LA POSTURA DE LA PLATAFORMA

La resolución de la Audiencia Provincial, que finalmente no ha sido recurrida por la minera, avala la postura expuesta por la abogada de la Plataforma, María Carmen Morallón Hidalgo, quien desde el inicio manifestó que la denuncia ante el Seprona se circunscribía en el ámbito de la acción penal pública que corresponde a la ciudadanía en defensa de un bien jurídico general como es el derecho al medio ambiente.

En este sentido, el juez afirma que no puede exigirse al demandado «un acto de confianza ciega hacia la pulcritud de las actividades mineras investigadas» y que «no cabe entender que el fin de la denuncia fuera causar perturbación en estas, ni existe prueba suficiente de temeridad o negligencia en la formulación de la denuncia ni falta de rigor en la diligencia requerida, sin que quepa considerar como reprochable en modo alguno, ni penal ni civilmente, el ejercicio de la acción penal, pues lo contrario supondría una desincentivación de dicho derecho y el correspondiente menoscabo para la protección de los bienes jurídicos públicos que atañen a la ciudadanía y a los poderes públicos».

Finalmente, los proyectos de Quantum Minería fueron rechazados en octubre de 2017 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su notoria inviabilidad ambiental y técnica, su impacto sobre los recursos hídricos y la afectación a especies en peligro de extinción como el lince ibérico.

Además, en enero de 2021, han recordado desde la Asociación, la minera recibió un nuevo varapalo judicial desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), valorando en su sentencia que la Administración autonómica «actuó con criterio y a favor del interés general» dado que, de haber salido adelante «el proyecto hubiera tenido consecuencias claramente perjudiciales para el entorno del Campo de Montiel».

El TSJCM recordó entonces que «tanto los informes objetivos elaborados por la Administración como la propia Declaración de Impacto Ambiental emitida tiene un amplio contenido técnico, científico y jurídico» y que la Administración autonómica «con base en los informes técnicos que obran en el expediente administrativo y aplicando el principio de precaución, ha realizado un completo y exhaustivo estudio de la evaluación de impacto ambiental» del proyecto de minería de tierras raras, concluyendo que este «afectará de manera significativa» a la Red Natura 2000 y a las especies presentes en la zona.

Finalmente, la Plataforma Sí a la Tierra viva desea hacer constar que la lucha del colectivo en defensa de la naturaleza y de un futuro mejor para las nuevas generaciones le valió una mención especial durante la ceremonia de entrega de los premios regionales de medio ambiente celebrada en Valdepeñas en junio de 2018, premiando el Ejecutivo regional con este reconocimiento la labor informativa y de movilización social de la asociación frente a unos proyectos extractivos del todo incompatibles con los valores del mundo rural y sus gentes.

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