Un convenio para mejorar, recuperar y asegurar las líneas límite jurisdiccionales en C-LM

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado la firma de un convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para recuperar y dotar de coordenadas geográficas precisas a 3.500 mojones en líneas límite de municipios de Castilla-La Mancha, y su posterior representación cartográfica acorde con las nuevas técnicas de ingeniería geográfica.

El convenio tiene por objeto la realización de los trabajos para la recuperación, mejora geométrica y aseguramiento de la calidad de las líneas límite jurisdiccionales de términos municipales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

De este modo, el Ministerio dotará de coordenadas geográficas mejoradas a todos los mojones que componen estas líneas límite jurisdiccionales e inscribirá en el Registro Central de Cartografía sus geometrías, como requisito previo para su inclusión en la cartografía oficial.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha colaborará en el replanteo de las líneas límite y en la elaboración de las actas que conformen los trabajos realizados, coordinando a los ayuntamientos implicados para someterlas a la firma de las comisiones municipales correspondientes.

El convenio tendrá vigencia hasta el 20 de diciembre de 2024, con posibilidad de prórroga y supondrá una aportación de trabajos del CNIG, con la colaboración del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través del Servicio de Deslindes y del Servicio Regional en Castilla-La Mancha, y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, valorada en un total estimado de 1.035.706,35 euros, que serán financiados al 50% por cada Administración pública.

Desde el año 2014 se llevan suscribiendo convenios con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para reflejar con precisión la realidad física de su territorio y dotar así de una mayor seguridad jurídica al desarrollo de actividades públicas o privadas, poniendo de manifiesto la estrecha colaboración entre administraciones públicas y la optimización de los recursos públicos.