Los delitos contra la libertad e integridad sexual «son de los pocos que han crecido» pese a la pandemia y dos tercios de las sentencias dictadas por delitos graves en Castilla-La Mancha -aproximadamente el 67 por ciento- se corresponden con delitos contra la integridad sexual de menores de edad.

Así lo ha explicado fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, durante la apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete.

«Llama la atención que lo más grave sean siempre los delitos de esta naturaleza contra menores, que son las víctimas más desvalidas», ha afirmado, al tiempo que ha precisado que el 47 por ciento de los escritos de acusación se corresponden con delitos contra la libertad e integridad sexual.

Asimismo, ha apuntado que la región se sitúa en el ranking nacional en cuanto a siniestralidad laboral, con un aumento del 39 por ciento respecto al año anterior. «Son cifras espectaculares, hay muchísima siniestralidad laboral en la región» lamentaba Fernández.

El año 2020 dejó un total de 12 fallecidos en accidentes laborales, una cifra que ya se ha superado en lo que va de año, con 18 muertes. «Tras la siniestralidad laboral se pone de manifiesto la precariedad, la
temporalidad y la desprotección de los trabajadores y sus familias».

Por ello, el fiscal general ha pedido agilizar los trámites «en todos los casos, pero en estos en particular». «Las dilaciones en los procesos judiciales perjudican en toda clase de asuntos, pero cuando la víctima de un accidente de trabajo ve como hasta el juicio pasan tres, cuatro o cinco años, esto genera mucha desprotección en el trabajador y su familia», por eso ha pedido unión y coordinación de todos los implicados para «lograr, en la medida de lo posible, una disminución de estas cifras».

VIOLENCIA DE GÉNERO

El confinamiento dejó una disminución de las denuncias por maltrato que se tradujo en un aumento de la violencia oculta, dejando una «mayor situación de sometimiento de las víctimas de violencia doméstica por parte de sus agresores», según ha explicado el fiscal.

La cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas superó en 2020 a la de años anteriores y ha vuelto a incrementarse en lo que llevamos de 2021, con 35 mujeres y cinco niños asesinados.

«Nuestra lucha tiene que estar en todas las direcciones para que la violencia vaya disminuyendo hasta lograr su total erradicación». En este sentido, Fernández ha puesto de manifiesto la modificación del artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal sobre la dispensa de declarar, con el objetivo de restringir, hasta cierto punto, la posibilidad que tienen los testigos de no declarar en estos casos.

«Haremos todo lo posible para que las mujeres denunciantes sean conocedoras de esto y no renuncien a declarar, mas que en los supuestos exclusivamente tasados, porque esta vía hace que muchas sentencias que deberían ser condenatorias no lo sean».

TRATA DE PERSONAS, DELITOS DE ODIO Y CIBERDELINCUENCIA

Situación similar a la vivida con la violencia de género durante la pandemia, con ese aumento de violencia oculta, se ha dado también en los casos de trata de personas.

En 2020 bajó la cifra de víctimas de explotación laboral o sexual, «lo que no quiere decir que haya bajado la trata». «Hay un índice elevado de cifra oculta. Debemos luchar -para erradicarlo- desde la Fiscalía», aseguraba Fernández.

Aumentan también, y no de manera oculta, los delitos de odio y discriminación, con un crecimiento exponencial «del discurso de odio que, hasta ahora, tenía como motivaciones la orientación sexual, raza o xenofobia, pero que va creciendo hasta motivos ideológicos y políticos».

Discursos que se propagan a través de las redes sociales e Internet, donde también se ha registrado un aumento de la criminalidad informática.

«Hay un gran número de acoso, injurias y maltrato a través de las redes sociales contra los que debemos luchar» y para los que, según destacaba Fernández, necesitan especializarse.

Por ello se ha comprometido a nombrar un delegado regional en la lucha contra el cibercrimen «antes de final de año».

DESCENSO ACUSADO DE LOS JUICIOS RÁPIDOS

En cuanto a las cifras generales, se ha registrado una disminución de las diligencias previas, con un 13 por ciento menos de diligencias incoadas que en 2019. Reducción que también se ha dado en los procedimientos abreviados, con 5.600 calificados, entre 700 y 800 menos que el año anterior.

Descienden también los juicios rápidos, que mayoritariamente atienden a delitos relacionados con la seguridad vial o la violencia de género, reduciéndose un 23 por ciento.

Asimismo, se han reducido las diligencias de investigación de la Fiscalía, que tuvieron por objeto las residencias de la tercera edad y los centros sanitarios «por la elevada cifra de fallecidos».

En este aspecto, Fernández ha celebrado «la correcta respuesta de las fiscalías de toda la comunidad» que, según ha asegurado, ya han tramitado la práctica totalidad de las diligencias.

La pandemia también produjo una reforma de la ley del poder judicial, que atribuyó a las salas de lo contencioso-administrativo la ratificación de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas. «Quiero destacar la perfecta coordinación que tuvieron los órganos judiciales, todas las resoluciones se dictaron a tiempo».

Por último, el fiscal general de Castilla-La Mancha ha reiterado su deseo de acelerar los trámites administrativos, ya que «una justicia lenta no es justicia» y ha pedido una reforma del estatuto del Ministerio Fiscal para lograr una mayor autonomía.

«La norma por la que nos regimos cumple 40 años, supuso un gran avance en su tiempo, pero han pasado cuatro décadas y necesita una reforma, no basta con un retoque. Necesitamos lo que tienen los ministerios fiscales de los países de nuestro entorno, avanzar en la democratización, pero también en la profesionalización y la autonomía del Ministerio», ha concluido.

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