Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno autonómico a distintas estrategias de apoyo para pacientes afectados por COVID persistente, una apuesta a la que se han sumado PSOE y PP.

En virtud de esta propuesta, defendida por la diputada de Cs Carmen Picazo, las Cortes regionales instan al Gobierno regional a proponer en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la creación de unidades de referencia en todo el territorio nacional que puedan dar una mejor información y asistencia sanitaria a estos pacientes en colaboración con las comunidades autónomas y los servicios sanitarios autonómicos.

Igualmente, se insta a elaborar una Guía Clínica para atender a estos afectados destinada al personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que contemple la coordinación entre la educación sanitaria, la Atención Primaria y los médicos especialistas y que permita una asistencia sanitaria más completa a quienes sufren esta enfermedad.

Además, piden impulsar desde la Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha una campaña de información para los pacientes de COVID-19 persistente y para sus familiares de los recursos a su disposición para poder recibir la asistencia sanitaria que necesitaren, con especial atención a los pacientes con discapacidad y a los sectores de población con una mayor proporción de esta sintomatología, como las mujeres.

Reforzar sistemas de rehabilitación para facilitar el acceso de los pacientes y crear un registro en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para tener identificadas y contabilizadas a estas personas forman parte de la propuesta de Cs, que también reclama que no se excluyan del seguimiento y del tratamiento como enfermedad COVID-19 los casos en los que las pruebas de anticuerpos arrojan un resultado negativo a falta de haberse realizado una PCR diagnóstica durante los primeros días de la pandemia.

También, las Cortes instan al Gobierno regional para que a su vez inste al Gobierno de España a impulsar el reconocimiento del COVID-19 persistente como enfermedad, conforme al código de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la organización Mundial de la Salud, dándole la naturaleza de enfermedad profesional en el caso de las personas de servicios esenciales que lo sufran.

CS CLAMA POR LA INVESTIGACIÓN

La portavoz de Cs, Carmen Picazo, ha agradecido a los grupos su mano tendida para reconocer esta dolencia, que afecta entre 32.000 y 40.000 personas, por lo que es importante que «se tomen cartas en el asunto».

Asimismo, Picazo ha apelado a invertir en investigación «sí o sí», porque sin ello se frustrarán «muchas oportunidades», en un momento que «es más necesaria que nunca» y que mejorará la calidad de vida de castellanomanchegos. «Pido encarecidamente que se trabaje en investigación, estamos hablando de la salud».

PP RECLAMA LA UNIDAD REGIONAL

De su lado, el diputado del PP Vicente Aroca se ha congratulado que la Organización Mundial de la Salud reconozca esta enfermedad y abra la puerta a ofrecer un diagnóstico adecuado, al tiempo que ha reclamado la importancia de que la unidad regional de COVID persistente anunciada por el presidente regional, Emiliano García-Page, no se quede en «un titular de prensa».

Por ello, ha apelado a que se materialice la propuesta cuanto antes y quede reflejada en los próximos presupuestos de la Comunidad autónoma, porque, según ha afirmado Aroca, no quiere que se queden en el cajón «durmiendo el sueño de los justos». «Ustedes son el Gobierno, depende de su voluntad política».

PSOE ALERTA DE LAS CONSECUENCIAS

De su lado, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy ha cifrado en 12.000 personas que sufren COVID persistente en la región, sin que hayan podido recuperarse definitivamente, lo que les «genera complicaciones muy importantes», por lo que ha celebrado que Ciudadanos traiga esta problemática a las Cortes.

Ha garantizado que la unidad regional en Albacete se establecerá con una respuesta «integral», al tiempo que ha apelado a trabajar desde la política para dar una respuesta a estos enfermos, para los que «no hay tratamiento ni terapia», y a los que nadie garantiza que las secuelas van a desaparecer.

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