El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha descartado, alegando falta de competencias, que el Ejecutivo regional vaya a articular medidas para compensar la pérdida que los ayuntamientos van a sufrir tras anular el Tribunal Constitucional el cobro de las plusvalías, asegurando que es el Estado, o bien con más recursos o con otra figura tributaria, el que ha de asumir esta cuestión.

«Es legislación de Estado y en ningún caso está previsto que compensemos desde Castilla-La Mancha esta figura tributaria que ha tirado para atrás el Tribunal Constitucional. Me consta que el Ministerio de Hacienda y Función Pública está trabajando para corregir defectos que, a juicio del TC, tiene un impuesto de estas características. Pero desde luego, desde el Gobierno regional no tenemos ni capacidad económica ni competencias para solventar un problema de esta características».

De este modo se ha pronunciado el consejero, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión que mantenido con el presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, preguntado por la petición que este jueves hacía la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Tita García Élez, que urgió tanto a la FEMP nacional y al Gobierno regional a adoptar de forma urgente las medidas legislativas necesarias destinadas a compensar a los entes locales de la importante pérdida de ingresos.

A juicio del titular regional de Hacienda, este impuesto seguirá gravando esos incrementos de patrimonio, «pero habrá que hacerlo de tal manera que técnicamente ese incremento de patrimonio que se pueda producir sea real, que es lo que afecta a la capacidad económica de los ciudadanos».

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«Si la pregunta es que si desde el Gobierno regional vamos a hacer algo para repensar esta sentencia del Tribunal Constitucional desde luego, con las competencias que tiene la Junta en materia de Hacienda, puedo adelantar que no», ha insistido Ruiz Molina, que ha abundado en que es la Administración del Estado a quien compete compensar esta plusvalía, o bien con más recursos o con otra figura tributaria que verdaderamente grave los incrementos reales que se puedan producir cuando se quiere gravar la trasmisión, ya sea por herencia o por otra causa, con impuestos municipales.

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