El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, después de que el Gobierno de Aragón haya rechazado el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Comunitaria elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha asegurado que seguirá trabajando de aquí a final de año para conseguir mejoras.

Así ha reaccionado el titular regional de Agricultura, antes de participar en Toledo en la jornada ‘Mujeres rurales: los pilares del impulso del medio rural’, preguntado sobre la decisión del Gobierno aragonés de no apoyar dicho plan, al entender que contiene una propuesta que mantiene el modelo de PAC vigente, impidiendo una reforma en profundidad que atienda las necesidades de la agricultura familiar y profesional de la que depende la economía y demografía de las zonas rurales despobladas.

«Castilla-La Mancha saldrá beneficiada porque la reforma va en la dirección de los intereses de la región porque son los intereses de las explotaciones familiares, pequeños y medianos emprendedores que son la base de la economía de nuestro medio rural», ha señalado el consejero.

«Nosotros apostamos por un modelo de agricultura familiar y creemos que ese modelo va a salir beneficiado con esa reforma. Vamos a seguir negociando y trabajando para alcanzar más objetivos de los que tenía Castilla-La Mancha», ha aseverado el titular regional de Agricultura, que ha recordado que la región tiene definidos esos objetivos desde 2018 y viene trabajando en ellos con el Ministerio desde esa fecha.

«Tenemos la oportunidad de equipararnos a otros países europeos y tratar por igual a todas las explotaciones agrarias que hay en nuestro país. Ese es el objetivo de Castilla-La Mancha seguir en esa línea, espero conseguir mejoras de aquí a final de año, pero seguro en todo caso que Castilla-La Mancha saldrá muy bien parada en esta reforma», ha terminado insistiendo.

ACUERDO MARCO CONJUNTO

El pasado mes de abril los gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León suscribieron un acuerdo marco con el que presentaron un frente común ante la negociación de este Plan Estratégico de la PAC.

En dicho documento exigían suprimir de manera completa y definitiva los derechos históricos a partir del 2023 o reducir las regiones agronómicas a un máximo de seis, como líneas rojas «irrenunciables» que ambos ejecutivos defenderían de forma común en la negociación del Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Ambas regiones consideraban de «vital importancia» ese decálogo de medidas, y querían colarlas en el plan nacional, haciendo valer que suponen el 25% del territorio nacional y suman 150.000 solicitudes de la PAC en un año normal.

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