La concejal popular, María Gil, ha informado en rueda de prensa de la moción que el Grupo Popular presentará al próximo Pleno para combatir la pobreza energética que “ahora más que nunca se hace tangible de manera desorbitada en un derecho tan básico como es el acceso a la energía, especialmente la luz y el gas” en beneficio de todas las personas y familias de Albacete en situación de necesidad o vulnerabilidad social.

Según ha explicado María Gil, el Grupo Popular solicita en su moción incrementar las partidas de ayudas municipales existentes, como la Tarifa Social, u otras opciones disponibles en la actualidad, como el Plan de Choque, para que los albaceteños con mayores dificultades económicas puedan hacer frente al gasto de suministros de energía básicos de la vivienda, fundamentalmente de luz y de gas.

Del mismo modo, el Partido Popular solicita la creación de un Fondo de Emergencia con la finalidad de articular otras ayudas municipales complementarias para la cobertura de gastos de suministros básicos de energía, luz, gas, gasoil…. destinada a las familias que lo necesiten, dotado en un principio con 200.000 euros, ampliables en función de las distintas necesidades que se detecten.

Además, se solicita la revisión de una modulación respecto al límite máximo de los ingresos establecidos para poder optar a las ayudas en el Proyecto de Tarifa Social para posibilitar a más familias acceder a las mismas, y/o en el nuevo proyecto que al efecto se cree.

María Gil ha recordado que el Ayuntamiento de Albacete está realizando de forma continuada desde el año 2012 actuaciones en esta materia con medidas tales como la “Tarifa Social” que permite apoyar a las personas y familias de Albacete y pedanías en la cobertura de sus necesidades básicas y cuyos beneficiarios en los últimos años no dejan de crecer, junto con un paquete de medidas de muy distinto tipo pero bien compactadas en un ‘Plan de Choque contra la pobreza y la exclusión social’ que en el año 2016 vio la luz bajo el amparo del gobierno del Partido Popular y que hoy continúa.

La concejal popular ha señalado que son muchos los ayuntamientos de España que ya han articulado o lo están haciendo ayudas específicas de garantía energética.

Además, María Gil ha explicado que “conscientes del grave problema que supone para las personas y familias hacer frente a un gasto tan elemental como es la luz, desde el Partido Popular se ha registrado recientemente una Proposición de Ley en las Cortes para rebajar un 20 por ciento el precio de la luz, sacando los costes no energéticos del mismo, usando los ingresos de las ventas de los derechos de emisión de CO2 para pagar directamente a los consumidores más vulnerables, suspendiendo además de forma inmediata el impuesto de generación eléctrica y consolidando la rebaja del 10 por ciento del IVA de la electricidad”.

María Gil ha señalado que “el alto precio de la energía, los bajos niveles de renta y el deficiente acondicionamiento energético de muchas viviendas forman un cóctel explosivo de precariedad que puede llevar a muchas personas y núcleos familiares a tener que decidir entre comer o utilizar luz o gas, afectando además a la salud, a la vida social y familiar”.

La concejal del Grupo Popular ha recordado que, según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), un total de 6,8 millones de personas sufrieron condiciones de precariedad asociadas a la pobreza energética durante 2019 en España, es decir, un 15 por ciento de la población no pudo cubrir sus necesidades energéticas básicas y estiman que la foto de 2021 será terrorífica en términos de pobreza energética.

En cuanto a la luz, María Gil ha explicado que el bono social, a pesar de aportar una ligera mejoría a las condiciones de precariedad de algunas familias, “no está funcionando y por tanto  insuficiente”, como así lo señalan asociaciones expertas que analizan su aplicación, de modo que “el llamado “escudo social” no ha resultado tan efectivo, ni tan “escudo”, poniendo de forma urgente encima de la mesa la necesidad de adoptar otras medidas coyunturales que contribuyan a un abaratamiento mucho mayor de la energía”, asegurando que “las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno del señor Sánchez, claramente son insuficientes, llegan tarde y no resuelven los problemas, sólo los aplazan”.

En opinión de la concejal del Grupo Popular, “la imposibilidad de hacer frente a los pagos de electricidad o gas se está convirtiendo en una realidad para muchas familias de Albacete, siendo el motivo principal la falta de recursos provocada por el desempleo o la precarización laboral, agravados más aún si cabe por la mala gestión en todos los niveles en la crisis económica del Covid-19”.

María Gil ha recordado que tras una montaña rusa que no paró de subir, el mes de agosto finalizó tal y como empezó, con un nuevo récord histórico en el precio de la luz superando los 130,53 euros el megavatio por hora y así comenzó septiembre con otro nuevo récord, lo que hace vaticinar un septiembre negro para las familias y las empresas que por propia supervivencia ya están trasladando el incremento de estos costes al precio de la cesta de la compra, del gas y los carburantes, situación que evidentemente empeorará con la llegada del frío.

La concejal popular ha explicado que “no solo sube la luz, la llegada del invierno supondrá un incremento importante en el precio del gas que expertos aseguran que subirá entorno a un 10 por ciento, lo que no es un asunto menor en tanto que casi ocho millones de hogares lo utilizan”.

Según ha señalado María Gil, “además de un problema de calado para las familias a la hora de poder hacer frente a esos gastos, también supone un problema para nuestro país que en consecuencia perderá competitividad en su industria y economía, siendo un claro ejemplo de ello cómo el encarecimiento descontrolado de la luz ha disparado el IPC de agosto al 3.3 por ciento, la tasa más alta en casi una década”.

Por este motivo, desde el Grupo Municipal del Partido Popular esperan y desean que el Pleno apruebe esta moción para poder ayudar a los albaceteños en situación de necesidad o vulnerabilidad social a hacer frente al pago del recibo del gas y la luz.

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