El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que supone una bajada del 1,33%. De tal forma que el actual tipo impositivo del IBI de Urbana queda situado en un 0,446%.

Tras el periodo de exposición pública, se procederá a la aprobación definitiva de esta modificación, que entrará en vigor en enero de 2022. La concejal de Hacienda, María José López, ha explicado durante su intervención en el pleno que con esta bajada se da cumplimiento al compromiso adquirido en 2019 por el equipo de Gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos, de rebajar el IBI al tipo más bajo que existía en dicho momento, que era el de la ciudad de Toledo, situado en ese 0,446%.

El Pacto de Gobernabilidad rubricado por Ciudadanos y PSOE contempla, entre otros aspectos, la revisión del IBI para rebajar la carga fiscal que soporta la ciudadanía. En cumplimiento de dicho acuerdo se enmarca esta rebaja fiscal, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

«Es el cumplimiento de la palabra dada, aprobamos una reducción en el IBI que viene para quedarse», ha dicho la concejala de Hacienda. Esta bajada el IBI está cuantificada en su conjunto en 600.000 euros, cantidad que dejará de ingresarse en las arcas municipales en favor de la ciudadanía y que se ha considerado como una rebaja adecuada respecto a la capacidad financiera de este Ayuntamiento.

En este punto, la concejal de Hacienda, y ante el voto particular presentado por el Grupo Popular, ha recordado al Partido Popular que la reducción del 1,33% es más alta de la que aprobó dicho partido durante sus últimos ocho años de gobierno, pues en este periodo solo aprobaron una rebaja del IBI y fue del 0,444%.

En este punto, ha recordado al Partido Popular que durante los últimos ocho años, cuando gobernó, las únicas reducciones de la carga fiscal en el IBI fueron de un 0,444% en el IBI urbano en 2016 y de un 2,55% en el IBI rústico en el año 2017.

No obstante, la concejal ha instado a que los tributos no se utilicen como «arma arrojadiza», pues su finalidad es financiar servicios públicos y promover actuaciones de fomento de la economía y amortiguar la desigualdad. «Los servicios públicos no están a la venta, ni en modo de derribo», ha subrayado María José López.

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